SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director de la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción, Ricardo Puyol, ha asegurado este miércoles que a su organismo "de momento no ha llegado nada, no tenemos constancia de que se haya registrado nada" de denuncias sobre los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía y su uso prolongado con la normativa estatal derogada, así como ha advertido que "los contratos de emergencia son contratos legales, no son ilegales" y ha esgrimido que "como criterio general sancionar públicamente una contratación de emergencia es un error como axioma".
En declaraciones a los medios en un receso de la II jornada Anticorrupción en el Parlamento de Andalucía, en cuya inauguración ha participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, Puyol ha argumentado, ante la pregunta de que el PSOE aprecia un fraude de ley en el uso de esa fórmula de contratación con la normativa del Estado ya derogada, que "no tengo todavía un criterio establecido, no ha llegado ningún elemento para que nos podamos pronunciar y podamos hacer un estudio sosegado de qué ha sucedido".
"En el momento en que se produzca podré dar mi opinión técnica, todavía no puedo darla", ha precisado el director de la Oficina Andaluza contra el fraude, quien ha apelado a que "habrá que hacer un estudio", antes de precisar que esa contratación de emergencia "ha sucedido en todas las administraciones, también en la del Estado".
Cuestionado por la posibilidad de que la Oficina antifraude investigue de oficio la contratación de emergencia, Puyol ha asegurado que "podemos hacerlo", para seguidamente precisar que "prefiero que la acción de la Oficina sea a instancias del informante", un planteamiento que ha defendido para "preservar los canales que prevé la norma 2/2021, la 2/2023 y la dimensión de la propia directiva, por si hay que adoptar alguna medida de protección en relación a ello".
"Todavía no tengo constancia de ninguna irregularidad", ha reiterado Puyol, quien ha precisado que, ante la circunstancia "del uso que se haga de ellos si es más masivo en período de pandemia, podemos introducir elementos de corrección" con el objetivo de que "lo que tenga que ser de excepción no sea la regla", antes de recordar que ha sido "una época en la que estamos hablando que en todas las Administraciones del Estado hubo estas condiciones en que se fraguaron ese tipo de relaciones contractuales".
ACTIVIDAD DE LA OFICINA ANTIFRAUDE: MEDIO CENTENAR DE DENUNCIAS
El director de la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción, quien ha aludido al estreno la pasada semana del nuevo canal externo de denuncias de la Administración "con todos los requisitos de anonimización del denunciante", ha explicado que hasta el momento han recibido 54 denuncias, aunque ninguna de ellas aún por ese nuevo canal, y que este organismo adscrito al Parlamento de Andalucía, cuya norma creadora entró en vigor en julio de 2021, ha debido "inhibirse en dos o o tres supuestos por una actuación penal abierta en la Fiscalía".
Puyol ha precisado que "no hay nada de extraordinaria gravedad" entre los asuntos que han llegado a sus manos, entre los que ha descrito "posibles irregularidades en ayuntamientos en relación con el ámbito urbanístico", para precisar que "no de extraordinaria transcendencia, pero si que hay que poner cortapisas" después de argumentar que "la gran corrupción no nace ipso facto, nace de la pequeña irregularidad que no se corrige a tiempo y genera un caldo de cultivo para asuntos de mayor identidad".
Sobre el perfil de los cargos implicados, el director de la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción ha indicado que en ningún caso se trata de "parlamentarios", aunque sí ha mencionado a "algún subdelegado del Gobierno, un delegado de la Administración periférica", para circunscribir el asunto a "nada de mucha transcendencia".
"Hemos acordado diligencias para corroborar periféricamente la denuncia y hemos mandado alguna recomendación sobre alguna denuncia que sí tiene tintes de mayor gravedad", ha proseguido explicando Ricardo Puyol sobre el proceder de su organismo, que ha procedido a "elaborar un informe para que los Servicios Jurídicos evacúen la corrección correspondiente y nos informen de cuál es el desarrollo de la investigación".
