SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las patronales sociosanitarias Cecua, FADE, Lares Andalucía y Faecta han ultimado este viernes un calendario de movilizaciones que arrancará el próximo día 10 en Almería y concluirá el día 21 en Sevilla para protestar ante la delegación del Gobierno de cada provincia contra la "infrafinanciación que ha impuesto la Junta de Andalucía" y alertar de la "insostenibilidad del servicio".
Las movilizaciones, han explicado las patronales en un comunicado conjunto, "son la respuesta del sector a la infrafinanciación que ha impuesto la Junta de Andalucía y muestran el descontento ante la grave amenaza que supone para los usuarios la gestión que se está llevando a cabo en Andalucía". La primera concentración se realizará el viernes 10 en Almería y proseguirá el día 13 en Jaén, el 14 en Huelva, el 15 en Málaga, el 16 en Cádiz, el 17 en Granada, el 20 en Córdoba y el 21 en Sevilla.
Las organizaciones han apuntado que quieren poner sobre la mesa "el grave desequilibrio que existe entre comunidades y reivindicar la equiparación de Andalucía con aquellos territorios en los que se ha alcanzado un acuerdo viable a través del diálogo y el consenso entre la administración y los agentes sociales". La campaña de movilizaciones también incluye la recogida de firmas, acción que se llevará a cabo en todos los centros y lugares en los que se atiende a personas.
El objetivo es "concienciar a la ciudadanía de que el gobierno andaluz está poniendo en riesgo la prestación de este servicio y denunciar que el ejecutivo que lidera Juan Manuel Moreno Bonilla no prioriza el servicio de atención a la dependencia para los 1,2 millones de personas con más de 65 años que viven en Andalucía y para sus familias".
Asimismo Faecta, Cecua, Lares y FADE han subrayado que "ante el ninguneo y la negativa del Gobierno andaluz" a escuchar sus propuestas estas concentraciones provinciales "son la única vía que nos queda para defender un servicio esencial en Andalucía". En octubre, las patronales de la Dependencia se levantaron de la mesa de negociación que había propuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al considerar "vacías y desprovistas de sentido" las medidas que se planteaban, "ya que conducían a la quiebra del servicio".
Las patronales han afeado al Gobierno andaluz "su falta de compromiso con la dependencia" y han considerado "insuficiente" la subida de las tarifas del 2,6%, "máxime cuando la inflación supera el 5% y el precio de los costes de suministros se ha disparado en más de un 40%, sin contar todo el sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19". Desde el sector han señalado que el actual sistema de financiación de las plazas concertadas "es claramente insuficiente" para poder atender a los residentes, cifrándose entre un 15% y 20% el desfase entre los costes y el precio que abona la administración.
Respecto a las actualizaciones de tarifas, han destacado el caso de Madrid, donde la subida pactada ha sido del 37% y no del 2,6% como ha fijado la Junta de Andalucía de manera unilateral. En este sentido, el sector ha subrayado que las residencias de mayores de la capital reciben casi 20 euros más por cada plaza concertada y cada día de ocupación, con un incremento del 37% llegando hasta los 74,88 euros. En Andalucía, sin embargo, el incremento es de 2,60%, 491,38 euros al año.
PROPUESTAS DE LAS PATRONALES
Ante esta situación Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta han presentado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una batería de propuestas en la que se planteaba la fijación progresiva a tres años de unas tarifas concertadas con el fin de garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes. Este paquete de medidas también recogía la necesidad de ocupar las plazas vacías para reducir la actual lista de espera y ofrecer un mejor servicio a las familias.
Además, reivindican la ejecución de un plan de choque que mejore la tasa de reposición, lo que debe ir aparejado al aumento del equipo de valoradores y personal técnico para agilizar la gestión en las oficinas de los Servicios Sociales comunitarios, las delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda).
También apuntan que es necesario un sistema automatizado, similar al que emplea la consejería de Educación y Deporte con las plazas de escuelas infantiles o de primaria, para reducir la ardua burocracia ya que "en muchos casos, cuando se finaliza el proceso de solicitud y valoración, ya no son necesarios".
