SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Durante el juicio iniciado este miércoles por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), --una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad--, las defensas de varios de los acusados han solicitado el aplazamiento de la vista hasta que medie una sentencia firme respecto al juicio celebrado sobre el denominado procedimiento específico mediante el cual fueron financiados tales incentivos.
En esta pieza separada de las subvenciones autonómicas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.
Además, están acusados Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Francisco Javier Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.
Sobre el asunto pesa la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por dicha instancia a cuenta del procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Y es que salvo Daniel Alberto Rivera, todos los ex altos cargos de la Junta afectados por la causa correspondiente al ERE de Acyco fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia ya descrita, recurrida ante el Tribunal Supremo por las diferentes partes.
EL CRITERIO DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
Pesa además el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia y saldado con la mencionada sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos de la Administración andaluza juzgados entonces; entre ellos, como ha sido indicado, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano.
En ese contexto, esta primera sesión del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas concedidas a la empresa Acyco ha estado centrada en las cuestiones previas alegadas por cada una de las partes personadas en el procedimiento.
Dentro de tales cuestiones previas, las defensas de Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Antonio Fernández han solicitado que tales acusados sean excluidos de este procedimiento, invocando en repetidas ocasiones el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. El abogado de Guerrero, en ese sentido, ha recordado que el mismo "ya ha sido condenado por delitos continuados" de prevaricación y malversación, los mismos atribuidos a los hechos ahora a juicio, que a su entender "ya fueron valorados" en la vista oral y la sentencia correspondiente al denominado como "procedimiento específico" de los ERE.
Alegando una "identidad de hechos" entre los juzgados por la Sección Primera y los ahora abordados por la Sección Tercera con relación a Guerrero, el abogado defensor de este acusado ha rememorado que el mismo ha sido ya "excluido" de más de 103 de las piezas separadas en las que fue fragmentada la macrocausa de los ERE, merced a cada uno de los ERE o ayudas directas financiadas mediante el mecanismo juzgado por la Sección Primera.
En los mismos términos se ha pronunciado el abogado defensor del exconsejero Antonio Fernández, quien ha avisado de que "no se sostiene la decisión de someter a juicio" al exconsejero, pues las directrices de la Sección Séptima en cuanto a la aplicación del principio 'non bis in ídem' respecto a las personas ya juzgadas por la Sección Primera de la Audiencia "dejan sin efecto" el acto de apertura de juicio oral en lo que respeta a Fernández.
La defensa del exconsejero, mediante una prolija exposición, ha esgrimido que la Sección Séptima ha determinado que "los hechos punibles" del denominado como "procedimiento específico", por el cual ha sido condenado el exconsejero mediante una sentencia actualmente recurrida, abarcan además "las ayudas" autonómicas financiadas mediante dicho mecanismo y "examinadas" por la Justicia, como es el caso de las subvenciones concedidas a Acyco. "De ninguna manera cabe que a una persona se la juzgue más de una vez por los mismos hechos", ha insistido.
LA SENTENCIA NO ES FIRME
En ese mismo sentido se ha pronunciado la defensa del exviceconsejero Agustín Barberá, insistiendo en las resoluciones al respecto de la Sección Séptima, si bien frente a estos pronunciamientos, las defensas del abogado José Miguel Caballero, acusado en este procedimiento, y del directivo de Vitalia Antonio Albarracín han recordado que la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia que condena a los ex altos cargos de la Junta afectados por este nuevo juicio no es firme y, de hecho, ya está recurrida ante el Tribunal Supremo.
Al respecto, el abogado defensor de José Miguel Caballero ha invocado el "principio de seguridad jurídica", preguntando retóricamente "qué capacidad" de influencia tiene una resolución judicial aún no firme, apostando así por la suspensión de la vista oral hasta que medie una sentencia firme sobre el juicio celebrado por la Sección Primera, dados los "riesgos de inseguridad jurídica" que a su entender implica continuar con esta vista oral a cuenta de la tesitura a la que está sujeta.
La defensa de Antonio Albarracín se ha adherido a esa tesis y ha esgrimido que el citado directivo de Vitalia, por ejemplo, tiene un papel "accesorio" en los hechos ahora juzgados, es decir "dependiente de los políticos" cuya exclusión de esta causa persiguen los representantes de los mismos, merced a una sentencia actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.
Así, ha alegado la "imposibilidad de juzgar a un partícipe de unos hechos si no se enjuicia al autor" de los mismos, considerando que si tal extremo sucediese, se incurriría en un "despropósito procesal", por lo que las defensas de Caballero y Albarracín han pedido aplazar la vista oral hasta que medie una sentencia firme sobre el juicio celebrado por la Sección Primera sobre el denominado "procedimiento específico". Estos abogados, así, aprecian una posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías.
La sesión, en cualquier caso, continuará este jueves al objeto de concluir con el turno de cuestiones previas de cada una de las partes.
