SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular que ejerce el PP-A considera que el sistema de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos fue "un dispendio arbitrario de caudales públicos" que "las altas instancias" del Gobierno andaluz instauró para conseguir rédito electoral para el PSOE-A y la paz social. Al mismo tiempo, ha asegurado que "estuvo en las manos" de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de sus gobiernos "haber puesto fin" a tal situación.
De esta manera se ha expresado el abogado de la acusación Luis García Navarro durante la lectura de su informe final, que ha iniciado en la sesión de este miércoles del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los ERE.
Para el PP-A ha quedado acreditado que "las más altas instancias" de la Junta, para "conseguir rédito electoral para el partido que sustentaba al gobierno, el PSOE-A, y la paz social, instauró un sistema para otorgar subvenciones a través de un procedimiento específico, como así lo definió el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya principal característica era la falta total de procedimiento".
Esta acusación popular ha puesto de manifiesto en su informe final la "relación de confianza y jerarquía" existente entre los acusados y los expresidentes, relación que es "de especial importancia en la causa". "La mayoría de los acusados fueron nombrados por Chaves o Griñán, siendo éstos presidentes, evidenciándose la dependencia jerárquica de los altos cargos nombrados", ha afirmado el letrado de la acusación.
"Todos participaron en mayor o menor medida en los hechos enjuiciados", ha asegurado García Navarro, quien, aludiendo a la expresión "cúspide de la pirámide" de la que fuera juez instructora de la causa de los ERE Mercedes Alaya.
"PLAN OPACO INSTITUCIONALIZADO"
Para esta acusación, "estuvo en manos" de los expresidentes Chaves y Griñán y de los Consejos de Gobierno "haber puesto fin al dispendio arbitrario de caudales públicos con la indispensable colaboración del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)", ente público encargado de materializar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo después de que ésta allegara los fondos del 31L a la empresa pública a través de transferencias de financiación.
Además, para el PP-A, "corresponde a Chaves y Griñán, como presidentes, el control y la responsabilidad 'in vigilando' sobre los altos cargos", lo que "sitúa a los expresidentes al frente de los acusados, que eran su equipo de confianza".
Según el abogado del PP-A, que ha considerado que con el sistema de los ERE "se institucionalizó un plan opaco a la Intervención de la Junta y prescindiéndose del procedimiento legalmente establecido", como así se pronuncia la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Consejo Consultivo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas.
La consecuencia de la total falta de procedimiento es "la nulidad de pleno derecho" de las ayudas, como así lo señala el Consultivo, el TSJA o el TS, exponiendo el abogado en su informe una veintena de sentencias en este sentido. Igualmente, ha enumerado hasta nueve sentencias del Tribunal de Cuentas que cuantifica el menoscabo de fondos públicos por la concesión de estas ayudas, "un expolio a consecuencia de la acción u omisión de los acusados", según el PP-A.
De otro lado, la acusación del PP-A ha defendido la vigencia "fuera de toda duda" durante el periodo investigado del artículo 18 de la Ley 15/2001 de la Junta que delimita las transferencias de financiación a empresas públicas para equilibrar las cuentas y, según subraya el PP-A, el pago por encargo de subvenciones o ayudas "no es una actividad propia de IFA/IDEA", por lo que "nunca debió ser utilizada".
Otro de los aspectos abordados por esta acusación ha sido la aprobación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de IFA/IDEA por parte del Consejo de Gobierno. Para el PP-A, la sentencia del tribunal "ha de considerar como hecho probado y constitutivo del delito continuado de prevaricación" la aprobación del PAIF, pues los presupuestos del ente consignaba como ingreso en explotación los fondos de las transferencias de financiación y consignaba gastos ficticios para equilibrar las cuentas.
PREVARICACIÓN POR OMISIÓN EN LOS RESPONSABLES DE HACIENDA
Según el PP-A, era "conocido" por todos los acusados que la Consejería de Empleo e IFA/IDEA estaban dando "un uso inadecuado" a las transferencias, "práctica habitual en otras empresas públicas de la Junta". En este sentido, ha expuesto "la falta de control" por parte de los responsables de la Consejería de Hacienda, consejeros --José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez--, viceconsejeros --José Salgueiro y Carmen Martínez Aguayo-- y director general de Presupuestos --Antonio Lozano--, sobre el PAIF.
Con respecto a los responsables de Hacienda, permitieron la inclusión de las transferencias de financiación en los presupuestos de la Junta, la aprobación de los PAIF y la consignación de gastos ficticios, así como las modificaciones presupuestarias, por ello el PP-A los considera culpable de un delito de prevaricación por omisión. Además, ve reprochable penalmente a éstos la "falta de control" sobre los convenios particulares entre Empleo e IFA/IDEA para conceder y pagar las ayudas de los ERE.
Aunque el PP-A se ha adherido al relato de los hechos de los encausados de la Fiscalía en su informe final, ha expuesto algunos cuestiones. Así, considera que Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, como miembros del Consejo de Gobierno, aprobaron los PAIF de IFA/IDEA desde el ejercicio 2000 al 2009, junto al proyecto de Ley de Presupuestos anual, a sabiendas que las transferencias de financiación se usaban de forma "inadecuada" para pagar las subvenciones que concedía la Dirección General de Trabajo de forma "ilegal".
Sobre Chaves y Griñán, como presidentes, les acusa de incumplir de forma reiterada el artículo 18 de la Ley 15/2001. Posteriormente el PP-A se ha extendido en las actuaciones del ex director general de IDEA Jacinto Cañete y de la ex secretaria general técnica Lourdes Medina, para quien la Fiscalía rebajó de ocho a seis años la pena de prisión por el delito de malversación.
CONOCIMIENTO DE GRIÑÁN Y CHAVES
Ni Chaves ni Griñán "son ajenos a los hechos", según el PP-A, que ha desgranado diferentes conflictos laborales que los acusados conocieron o intervinieron y por los que, según esta acusación, conocieron las ayudas de los ERE, como Bilore, A Novo, Santana o Delphi, en el caso de Chaves.
Con respecto a Griñán, el PP-A ha recogido su declaración en 2015 ante el Tribunal Supremo y su intervención en la comisión de investigación en el Parlamento andaluz. En el Supremo, según el abogado de la acusación, mostró "un evidente conocimiento" de las ayudas, aunque "no adoptara medidas para evitar el menoscabo".
Por último, el PP-A ha concluido su informe con unas palabras de Griñán en la comisión de investigación de los ERE: "No voy a soslayar algo incuestionable, cuya sola mención me duele como socialista. Se han producido actuaciones ilícitas en la utilización de fondos públicos, que hemos de asumir en toda su extensión, pidiendo disculpas a la ciudadanía, corrigiéndolas, y tratando de impedir con los medios a nuestro alcance que vuelvan a producirse en el futuro. No voy negar que estamos ante hechos muy graves, que en algunos casos, incluso, pueden ser constitutivos de delitos".
