SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha tomado declaración este jueves como testigo a Rafael Arévalo, actual coordinador de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad Social de la Junta y firmante de los expedientes de revisión de oficio de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, quien ha señalado que en esta causa "no todo es achacable" a la Administración autonómico, apuntando también a los beneficiarios de las subvenciones.
Arévalo ha testificado este jueves en la pieza separada de los ERE que investiga las ayudas recibidas por Aeronáuticas del Sur --ahora Aciturry Assembly--. Este cargo de la Consejería de Empleo, que participó en los expedientes de revisión de oficio llevado a cabo por el Gobierno andaluz sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo, ha confirmado algunas de las "irregularidades" detectadas en los expedientes administrativos de concesión de las ayudas.
Así, ha indicado que los expedientes administrativos de concesión "no tenían solicitud de las subvenciones, ni fiscalización previa". Además, ha añadido que estas ayudas "no se publicaban".
De otro lado, ha apuntado a la responsabilidad de los beneficiarios en el caso ERE porque "sabían" que la concesión de las ayudas no eran correctas ya que "debían saber que no se cumplían las exigencias de una subvención". Por lo tanto, "no todo es achacable a la Administración".
Cabe recodar que el Tribunal Supremo, el pasado mes de marzo, estimó un recurso de casación interpuesto por la Junta contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y acordó iniciar el procedimiento para la devolución 1.200.000 euros, cantidades "indebidamente" percibidas por Aeronáuticas del Sur procedentes de una ayuda concedida por el Gobierno andaluz en 2004 en el marco de los ERE fraudulentos.
HAMSA-PRIMAYOR
De otro lado, en la pieza separada que investiga las ayudas de la Consejería de Empleo a Hamsa-Primayor ha declarado como investigado este jueves Manuel López Braceros, presidente del comité de empresa de Primayor, quien ha reconocido que mantuvieron una reunión con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, actualmente enjuiciado junto a otros 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz en el juicio por la pieza política de los ERE, para "contarle el problema" de la empresa y "pedirle ayudas para las prejubilaciones".
Además, López Braceros ha indicado que Juan Lanzas, exsindicalista 'conseguidor' de los ERE e investigado en diferentes piezas, "intervino en toda" la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y de las ayudas, así como en "las reuniones con la Delegación del Gobierno y la Consejería de Empleo".
De otro lado, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el investigado ha declarado que Estudios Jurídicos Villasís, cuyo administrador único es el abogado Carlos Leal, investigado también esta pieza separada, formó parte de las negociaciones "por Lanzas". Según López Braceros, el comité de empresa "pagó 3.000 euros" a este abogado, que, a su vez, "les consiguió una ayuda de 170.000 euros".
Además, López Braceros ha reconocido que "conocían" que Luis Sobrino, quien fuera director de Recursos Humanos de Primayor, empresa que anteriormente adquirió la cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), se incluyó en un ERE pero siguió trabajando en la empresa, como ya declaró el propio Sobrino, también investigado en esta pieza separada.
En la misma causa ya declaró Leal, quien explicó que intervino en la tramitación del ERE de Hamsa, donde el Ministerio de Empleo se comprometió a pagar las ayudas para la mayoría de las prejubilaciones, salvo para cinco trabajadores, que fueron asumidas por la Junta de Andalucía y fueron las que supusieron que la Intervención General de Administración autonómica presentara reparos en la concesión de estas subvenciones.
En este sentido, Leal añadió que él intervino para que la Consejería de Empleo asumiera estos compromisos. Años más tarde, medió, según Leal, para que los trabajadores de Primayor recibieran las ayudas estatales de reposición de desempleo, que regula la Orden Ministerial de 1995, y que supone una ayuda para una vez finalizado el desempleo. Estas ayudas, según precisó, las pagó el Ministerio.
Leal aseguró que cobró sus trabajos a través de la Asociación de Trabajadores afectados por los expedientes de regulación de Empleo, "no de la Junta", asociación que recibía subvenciones públicas.
