SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España actúen "con contundencia" para recuperar cuanto antes los 133,6 millones de euros que Boliden debe a la sociedad española, así como "transparencia" en las negociaciones.
En un comunicado, SEO explica que, pasados 23 años desde la catástrofe de Aznalcóllar (Sevilla), la situación es "inaceptable", y este se trata de "un caso emblemático y de un ejemplo que demuestra la ineficacia de las administraciones ante este tipo de situaciones".
Según relata la organización, hace varias semanas que saltó la noticia de que la Junta lleva desde 2016 negociando "en secreto" con la empresa Boliden un acuerdo extrajudicial y "buscan que Boliden pague parte de los 89,9 millones de euros" que la Junta le reclama desde 2002, en concepto de gastos de limpieza del vertido tóxico del 25 de abril de 1998 en la cuenca del Guadiamar, cuando reventó la balsa de lodos de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).
Mientras se concreta la negociación, la Junta ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que paralice el procedimiento y cada dos meses renueve dicha petición. Hay que recordar que la reclamación civil empezó en la sede sevillana que se declaró incompentente, siendo el Tribunal Supremo (TS) quien devolvió la competencia a este juzgado, regresando todo el procedimiento al punto de partida en 2012.
SEO subraya que tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha logrado en estos 16 años cobrar los 43,7 millones de sanción que el entonces Ministerio de Medio Ambiente impuso a Boliden en 2002 y que confirmó el TS en 2005. Para eludir el pago de esta multa, la multinacional sueca sigue escudándose en la insolvencia de las empresas filiales que montó en su día en España.
Por ello, SEO reclama "transparencia" en las negociaciones para recuperar cuanto antes los 133,6 millones de euros que Boliden debe a la sociedad española.
Por otra parte, tras la "huida" de la empresa en 2001, la Junta de Andalucía se hizo cargo de la mina sin explotación, hasta que en 2015 resolvió adjudicar su explotación, mediante concurso público, a la empresa Minera Los Frailes, filial del consorcio Minorbis-Grupo México.
Dicho concurso fue objeto de diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, hasta que el 8 de febrero de 2021 el mismo inició los trámites para juzgar por delitos de prevaricación a varios altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía y del citado consorcio. También la justicia mexicana investigó ese concurso minero por posibles sobornos, enviando una comisión rogatoria a la Fiscalía General del Estado.
Para las organizaciones ecologistas, las administraciones autonómica y nacional no deberían continuar los trámites ambientales, mineros y de aguas de este proyecto de reapertura, tanto por su impacto ambiental como por la existencia de procedimiento penal. En dicho procedimiento, "se ha denunciando un posible entramado de empresas interpuestas, que podrían significar un problema a la hora de pedir responsabilidades si hubiera daños ambientales como los ocurridos con la catástrofe de Aznalcóllar (Sevilla)", concluyen los ecologistas.
