Mantienen el paro del próximo miércoles y la convocatoria de huelga del 26 de marzo
GRANADA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de CajaGranada estudian ampliar el calendario de movilizaciones puesto en marcha contra la segunda reestructuración laboral propuesta por Banco Mare Nostrum (BMN), que supone la extinción de 530 contratos, 120 oficinas y reducciones salariales, si la dirección del grupo bancario no "retira" la medida.
En declaraciones a Europa Press durante la concentración de protesta convocada este miércoles a las puertas de una de las oficinas de CajaGranada, el presidente del comité de empresa, Amador Torres (CCOO), ha asegurado que BMN "tiene en su manos desconvocar las movilizaciones" si retira esta propuesta y favorecer así que las partes "vuelvan" a la mesa de negociación "con más confianza unos en los otros".
"Consideramos al banco responsable de esta movilización, porque --cuando se anunció la primera reestructuración-- se le marcó una línea roja y la ha cruzado; nosotros no vamos a firmar ningún tipo de acuerdo que suponga nuevos despidos", ha señalado Torres.
También se ha referido a la actitud mantenida en este conflicto laboral por el presidente de CajaGranada y vicepresidente segundo del Grupo BMN, Antonio Jara, que, según ha dicho, "está totalmente perdido" y ha dado "la espantada" ante los trabajadores y la sociedad granadina después de asegurar al inicio del proceso de reestructuración que no habría despidos "traumáticos".
Así las cosas, los trabajadores mantienen el paro parcial del próximo miércoles y la jornada de huelga convocada para el 26 de marzo, al tiempo que prevén aumentar el calendario de movilizaciones en caso de que este miércoles las partes no alcancen un acuerdo.
"Es una conflictividad que no queremos, pero que tampoco vamos a evitar porque estamos defendiendo el pan de nuestros hijos", ha clamado el sindicalista.
Esta segunda reestructuración laboral propuesta por el grupo Banco Mare Nostrum (BMN), integrado por CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, contempla la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.
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