BAENA (CÓRDOBA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El perito independiente de la empresa especializada Timsa y el que contrató la acusación particular, que hicieron informes contradictorios en el caso de las llamadas 'facturas falsas' de Baena (Córdoba), deberán aclarar y argumentar mañana ante el juez el contenido y las conclusiones de sus respectivos trabajos.
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes cercanas al caso, por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena abrió diligencias previas en 2007, lo que mañana declaren estos especialistas, tanto el contratado por el propio juzgado, como el pagado por la acusación particular, que ejerce la concejala de IU en el Ayuntamiento baenense María Jesús Muñoz, puede determinar si el juez acepta o no la petición que ayer mismo le hizo la fiscal del caso de que encargue una nueva prueba pericial de las facturas, la cual, por tanto, sería ya la quinta.
En concreto, la fiscal quiere disponer de un nuevo informe elaborado por otro perito independiente, que sea experto en arquitectura y urbanismo, con la pretensión de que esa sea la prueba pericial definitiva en este caso.
En relación con este caso, el juzgado baenense ya dispone de un informe municipal que certifica que las facturas, emitidas al Consistorio por el empresario cuya denuncia originó el caso, son auténticas y se corresponden con obras ya acabadas y con costes ajustados a los precios de mercado, algo que también confirmaron ya otros dos informes periciales, encargados por el juzgado a petición de la acusación, que fueron elaborados por Timsa.
Dado que en dichos informes se asegura que no se ha cometido ninguna irregularidad, la acusación particular presentó después otro informe pericial propio, con el que pretende cuestionar, no sólo el informe municipal, si no también los informes emitidos por los peritos independientes. Intenta demostrar que se han podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y estafa, cuestión que investiga el juzgado.
Por su parte, los abogados de los imputados en este caso, dos trabajadores municipales, el presidente de una sociedad de cazadores de Baena y dos empresarios, siendo uno de éstos últimos el mismo que denunció, aunque luego se retractó, entienden que las pruebas periciales y testificales practicadas hasta ahora únicamente demuestran la inconsistencia de las acusaciones y sólo pueden llevar a un punto, el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por el juzgado, y así lo han pedido ya.
DENUNCIADO EN 2007
Fue la denuncia de un empresario en julio de 2007 la que dio origen al caso, aunque unas semanas después cambió de abogado y se retractó, alegando que denunció bajo presiones, amenazas y engaños lo que ahora investiga el juzgado, es decir, el presunto pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.
Sin embargo, el empresario se desdijo poco después, alegando que denunció por las citadas presiones y que lo hizo también para ocultar a su entorno familiar determinados gastos personales, asegurando desde entonces, y así lo ratificó en su última declaración en el juzgado el pasado 12 de marzo, que las facturas no son falsas, pues recibió los pagos del Ayuntamiento por ejecutar obras reales, "que están hechas, presupuestadas y con su correspondiente expediente".
Las declaraciones del pasado 12 de marzo en el juzgado del empresario y de su primer abogado, lo mismo que la de su hermano, su contable y la de los guardias civiles que llevaron la investigación y le acompañaron a denunciar al juzgado, tuvieron por objeto aclarar si el empresario fue presionado para que denunciara y también sobre las amenazas que supuestamente recibió cuando se retractó.
Se da la circunstancia de que la contable del empresario es también la esposa del cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular. Las diligencias previas por el caso de las facturas las abrió el juzgado baenense en 2007, como pieza separada del caso de urbanismo, que también lleva desde ese año el mismo juzgado.
