Una persona muestra sus llaves en imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press
SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
UGT Andalucía ha expresado su "profundo rechazo" a la proposición no de ley de Vox respaldada por el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, que plantea establecer una "supuesta prioridad nacional" en el acceso a viviendas sociales y protegidas y reclama medidas de expulsión de personas migrantes.
Para el sindicato, "resulta especialmente preocupante que se utilice uno de los principales problemas sociales de Andalucía, como es el acceso a la vivienda, para alimentar la división y señalar a quienes también sufren las consecuencias de la precariedad", tal y como ha asegurado en una nota de prensa.
El sindicato ha asegurado así que casi el 45% de los ingresos por alquiler en España se concentra en el 10% de los hogares más ricos, mientras que las personas migrantes se encuentran entre quienes más sufren las dificultades para acceder a una vivienda. Para la organización, el problema de una familia que no puede pagar el alquiler "no es la familia migrante que vive en el piso de al lado. El problema es que tener un techo se ha convertido en un lujo para demasiadas personas que trabajan, cobran un salario y, aun así, no consiguen llegar a fin de mes".
De esta manera, desde UGT Andalucía han enmarcado que detrás de la crisis de la vivienda "hay historias reales: jóvenes que no pueden abandonar el hogar familiar, parejas que renuncian a tener hijos porque no pueden afrontar una hipoteca, personas mayores que temen perder su casa y trabajadores y trabajadoras que destinan buena parte de su sueldo al alquiler".
Ante esto, el sindicato considera que la nacionalidad de una persona no puede convertirse en el criterio que determine quién merece acceder a una vivienda digna. "Las necesidades de una familia no desaparecen por haber nacido fuera de España. Tampoco cambia la obligación de las administraciones públicas de atender las situaciones de vulnerabilidad con criterios objetivos, transparentes y respetuosos con los derechos fundamentales", han aseverado
Del mismo modo, desde UGT Andalucía han afirmado que miles de personas migrantes forman "parte esencial" de la economía andaluza. "Trabajan en nuestros campos, cuidan de nuestros mayores, atienden establecimientos hosteleros, participan en la construcción de nuestras viviendas y desarrollan su actividad en numerosos sectores productivos".
"Son compañeros y compañeras de trabajo que contribuyen con su esfuerzo al funcionamiento de empresas y servicios, que forman parte de nuestros barrios y que comparten las mismas preocupaciones que cualquier otra familia: llegar a fin de mes, pagar las facturas, tener estabilidad laboral y ofrecer un futuro mejor a sus hijos", han añadido.
Además, según el Banco de España, la población extranjera ha aportado entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB per cápita entre 2022 y 2024, un periodo en el que este indicador creció a un ritmo del 2,9% anual. Estos datos "ponen de manifiesto su participación en el crecimiento económico y en la actividad productiva del país".
"No podemos aceptar que quienes trabajan a nuestro lado sean presentados como una amenaza cuando llega el momento de hablar de derechos. No se puede necesitar a una persona para recoger la cosecha, cuidar a nuestros mayores o construir nuestras casas y después señalarla como responsable de que falten viviendas", ha remarcado el sindicato.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos por el Observatorio de la Vivienda Asequible de Provivienda, más del 70% de los hogares encabezados por personas de nacionalidad extracomunitaria reside de alquiler, frente a una proporción muy inferior entre los hogares de nacionalidad española. Esta realidad los hace "especialmente vulnerables" al encarecimiento de los precios, la inestabilidad residencial y las dificultades para encontrar un hogar.
UGT Andalucía ha advertido, además, de que enfrentar a trabajadores españoles y extranjeros "únicamente beneficia a quienes quieren una sociedad dividida y una clase trabajadora debilitada". "Cuando se enfrentan personas que comparten los mismos problemas, se desvía la atención de las decisiones económicas y políticas que realmente condicionan sus condiciones de vida".
Por otro lado, el sindicato considera que la iniciativa aprobada desvía el debate de las causas estructurales de la crisis residencial: la insuficiencia de vivienda pública, el encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la presión de determinados usos turísticos sobre el mercado residencial y la dificultad de acceder a una vivienda con los salarios actuales.
De hecho, el encarecimiento de la vivienda es un fenómeno que afecta a numerosos países europeos, con independencia de su evolución demográfica. Hungría, ha puesto el sindicato de ejemplo, lleva décadas perdiendo población y, sin embargo, ha registrado algunos de los mayores incrementos de precios de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, entre 2015 y 2025 el precio de compraventa de la vivienda en este país aumentó alrededor de un 210%, muy por encima del incremento registrado en España.
A ello se suma la creciente concentración de los beneficios del mercado inmobiliario, según un análisis basado en datos de la Encuesta de Condiciones En España, casi el 45% de todos los ingresos procedentes del alquiler va a parar al 10% de los hogares más ricos de Vida y de la Agencia Tributaria.
Para UGT Andalucía, este dato evidencia que "el verdadero debate debe centrarse también en la desigual distribución de la riqueza y en el impacto de la vivienda como negocio frente a su función social".
Esta situación resulta "especialmente visible" en ciudades andaluzas como Málaga, donde la presión de los alojamientos turísticos y de la inversión inmobiliaria se suma a la escasez de oferta asequible y a las dificultades de numerosas familias para encontrar una vivienda compatible con sus ingresos.
La organización reclama que la Junta de Andalucía asuma "un papel activo" en la respuesta a esta crisis, con inversiones suficientes para ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda en alquiler asequible, medidas frente a la especulación, protección de las familias vulnerables y políticas que permitan recuperar la función social de la vivienda.
También considera "imprescindible" mejorar los salarios y combatir la precariedad laboral, porque el problema "no se resolverá únicamente aumentando la oferta residencial si los ingresos de miles de familias siguen siendo insuficientes para acceder a ella".
Para UGT Andalucía, "resulta contradictorio reclamar soluciones a la emergencia habitacional mientras se desplaza el debate hacia el origen de las personas que necesitan ayuda". "La verdadera prioridad debe ser garantizar que ninguna familia se quede sin hogar por falta de recursos, independientemente de dónde haya nacido", ha asegurado.
