SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario de Adelante Sevilla Ismael Sánchez ha demandado este sábado a la Junta de Andalucía la creación de un banco de tierras público en la provincia.
En un comunicado, explica que han trasladado esta petición a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que concrete el listado de tierras y parcelas que se ponen a disposición de los ayuntamientos según el Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes procedentes del extinto instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), publicado con fecha 5 de febrero de 2021 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 24.
Así pues, la Junta ha aprobado la puesta a disposición del sector productivo andaluz de 248 fincas del extinto IARA que permanecen vacantes, es decir, que no se encuentran ocupadas por terceras personas con título jurídico habilitante otorgado por la administración autonómica a día de hoy. En total, estas tierras superan las 4.900 hectáreas y están valoradas en cerca de 49 millones de euros.
"Demandamos la creación de un Banco de Tierras de forma que éstas no perderán su condición de públicas y sólo serán cedidas para su explotación, de forma que se pueda fijar población en los territorios, se evite la España vaciada, se planteen proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo y se potencie la cesión a agricultores y ganaderos que desarrollen modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada", expone el parlamentario de Adelante.
Asimismo, muestra "la preocupación existente", ya que, de no arbitrar mecanismos, estas tierras, "en el caso de que los ayuntamientos no opten por ellas, terminarán siendo objeto de especulación y en manos de fondos de inversión". Agrega que el presente decreto, según su publicación, "será de aplicación a los ayuntamientos en cuyo término municipal o colindantes radiquen las tierras que vayan a ser objeto de enajenación y a cualquier persona física o jurídica interesada en la adquisición de las mismas".
"En estos momentos de dramática crisis económica el patrimonio público tiene que servir para la creación de empleo, y en el campo se da esta oportunidad, al mismo tiempo que se fija al territorio la*población y se les ofrecen alternativas de futuro", ha concluido.
