SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) han finalizado este viernes sus contratos, según han indicado a Europa Press fuentes del comité de empresa, quienes lamentan que finalmente la Junta ha mantenido una postura "totalmente inamovible", de forma que "mantienen los 20 días de indemnización por año trabajado y el tope máximo de 12 mensualidades".
Por ello, las fuentes han indicado que estudian presentar reclamaciones por la vía judicial, después de que este viernes se haya celebrado una reunión en la Inspección de Trabajo, donde se ha cerrado el expediente de regulación de empleo (ERE), un único expediente que afecta a todos los agentes locales de toda Andalucía, incluido los directores de las oficinas.
Estas semanas anteriores, representantes del comité se reunieron con dirigentes de la Junta para negociar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) para los casos de liquidación de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).
En ese sentido, precisan que las condiciones para éstos "son idénticas a los despidos individuales, con 20 días por año trabajado y un tope máximo de 12 mensualidades", tras lo que han lamentado la postura "inamovible" de la Junta, que asegura "no tener dinero y no poder afrontar los pagos".
Ya en agosto, los ALPE comunicaron que estaban recibiendo cartas y burofax de la Junta de Andalucía comunicándoles la puesta en marcha de un plan de despidos colectivos e individuales, que afectará a los 800 trabajadores que forman el colectivo de ALPE y supondrá la liquidación de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).
La Junta ya recordó que el Ministerio de Empleo ha hecho un reparto de los fondos destinados a Policía Activas de Empleo "no respetaba los criterios objetivos acordados en Conferencia Sectorial para el periodo 2007-2013", de forma que de este reparto "salen perjudicadas las comunidades de Extremadura y Andalucía, en concreto la comunidad andaluza recibe por este sistema de reparto casi 35 millones menos de los que le corresponden".
El Gobierno andaluz ya apuntó que ese recorte en las políticas activas de empleo supone que los técnicos de empleo en Andalucía tengan que abandonar las oficinas de apoyo al empleo.
En Andalucía, este recorte en servicios técnicos suponía la finalización el 30 de junio de contratos que hasta la fecha habían unido a los 413 promotores de empleo con el Servicio Andaluz de Empleo y la extinción de convenios en los que se apoya el contrato de 714 ALPE en toda Andalucía.
La Junta ha garantizado los servicios técnicos de los dos primeros grupos hasta el 30 de septiembre, "confiando en que durante este tiempo el Gobierno central reconsiderase su posición y tuviese en cuenta la alternativa de financiación" que la Junta planteó en la reunión con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado 18 de julio.
El consejero Antonio Ávila remitió una carta el pasado 19 de septiembre a la ministra Báñez en la que le solicitaba con carácter de urgencia cuál es el posicionamiento del Gobierno de España al requerimiento de Andalucía, asunto sobre el que la propia ministra de Empleo se comprometió a dar una respuesta antes de finales del pasado mes de julio, aunque no hubo respuesta por parte del Ministerio, que ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 27 de septiembre la orden por la que distribuye territorialmente estos fondos para el 2012, ignorando los requerimientos realizados por el Gobierno de Andalucía.
La Junta ya ha lamentado que el Gobierno "no respeta los criterios objetivos marcados en la Conferencia Sectorial Previa, no integra las partidas destinadas a Andalucía del FSE para las Políticas Activas de Empleo para 2012, ponen en jaque las líneas de las PAE en Andalucía y desmantela las estructuras de promotores, orientadores y agentes de asesoramiento entre la oferta y demanda de empleo en todo el territorio (714 ALPE y 413 promotores)".
