SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha planteado sendas enmiendas a la ponencia de síntesis elaborada por el presidente de la comisión de investigación sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Ignacio García (IULV-CA), en las que plantea la supresión íntegra del apartado en el que se señala la "responsabilidad política de primer nivel" de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.
El grupo socialista plantea en una de sus enmiendas que el dictamen de la comisión recoja que "existe, indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo, concretamente en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, desempeñada en este tiempo por Francisco Javier Guerrero".
"Él realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones o distribución presuntamente arbitraria de las ayudas", según indica esa enmienda.
El PSOE-A ha presentado este martes un conjunto de 41 enmiendas a la citada ponencia de síntesis. Entre ellas, pide la supresión del párrafo de la ponencia en el que se indica que la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud alcanza a los que en el tiempo investigado fueron consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández".
Como se recordará, en la ponencia de síntesis se recogía que ambos "fueron los muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA y autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles", al tiempo que "no acertaron en la elección y confirmación (por ocho años en algún caso) de las personas que gestionaban más directamente la partida 3.1.L, esto es, los viceconsejeros y el director general". El PSOE-A plantea la eliminación de todo ese contenido de la ponencia.
El grupo socialista quiere, a través de sus enmiendas, que la responsabilidad política se circunscriba únicamente a Francisco Javier Guerrero y no que se apunte, como se hace en la ponencia, que comienza por la dirección general, pasando por los viceconsejeros (Antonio Fernández en antes de ser consejero y Agustín Barberá) hasta llegar a los que eran consejeros en ese momento.
De otro lado, el PSOE-A muestra su desacuerdo a través de sus enmiendas con el apartado de la ponencia que indica que el IFA/IDEA "se ha inhibido en relación con todas las advertencias hechas en los distintos informes de control financiero, amparándose en que el origen de las anomalías estaba en la Consejería de Empleo y era a ésta a quien correspondía resolverlas".
En este sentido, plantea que se recoja que el IFA/IDEA "está sometido a control financiero permanente, en función de ello la Intervención ha emitido los informes anuales sobre cumplimiento de la legalidad, cuentas anuales e informe sobre la gestión de los programas asignados referidos a la actividad realizada por el ente instrumental sin haber advertido incidencias importantes en la misma, que es el ámbito de actuación del mismo, no teniendo dicho ente facultad de actuación con respecto a la subsanación de otras incidencias que no corresponden a la actividad propia de la misma".
El grupo socialista quiere eximir al IFA/IDEA de cualquier irregularidad en los pagos, con lo que plantea que la ponencia recoja que los pagos del IFA/IDEA "los ordenaba la Dirección General de Trabajo, pero desde ésta se ha llevado a cabo presuntamente un procedimiento de pagos irregulares para el abono de las ayudas sociolaborales (lo que se ha denominado 'pagos cruzados'). Se trata de pagos materializados por el IFA/IDEA a una entidad de seguros para una finalidad y beneficiarios determinados, siguiendo las órdenes cursadas por el titular de la Dirección General de Trabajo, y que, por indicación expresa de este último a la entidad receptora de los fondos, se destina a otros beneficiarios, sin conocimiento del ente pagador, es decir, sin conocimiento del IFA/IDEA".
Pide que se haga constar además que el IFA/IDEA "no pudo consentir los pagos cruzados puesto que nunca tuvo conocimiento de ello".
El PSOE-A también pide la eliminación de las alusiones a la "poca transparencia" y la "opacidad" y plantea que en la ponencia se recoja que "los fondos destinados a las ayudas eran fondos conocidos, ya que se aprobaban en el Parlamento al aprobar la Ley de Presupuestos", pero que "cosa distinta es el mal uso que en determinados casos puntuales y para beneficiar a determinadas personas se realizó por parte del titular del órgano gestor encargado de tramitar y ejecutar estos fondos previstos presupuestariamente".
Asimismo, plantea que se incorpore al dictamen que los distintos comparecientes, como el interventor general, "han señalado la 'legitimidad y legalidad' del marco general de organización y financiación de las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas ya que ha contado con pleno respaldo en el presupuesto, gozando por ello de un consenso básico entre los principales actores del proceso presupuestario, con independencia de que contaran o no los distintos presupuestos con el apoyo de los grupos parlamentarios".
Respecto al hecho de que la ponencia de síntesis señale que "sorprende también la falta de circulación 'hacia arriba' de las informaciones y advertencias generadas en los niveles de dirección general o agencias de la Junta", el grupo socialista plantea que se recoja más bien que "hay que señalar la falta de circulación 'hacia arriba' de las informaciones y advertencias generadas en el nivel de dirección general"y que el informe especial emitido por la Intervención General, "aun cuando no fuera formalmente un informe de actuación y no detectara menoscabo de fondos públicos, y por lo tanto no requiera a una actuación explicita contenía advertencias sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que hubiesen debido de provocar en sus gestores, al menos, una reflexión, que condujera a algún tipo de respuesta".
Además, plantea que se recoja que era la Dirección General de Trabajo "la responsable de todo el expediente administrativo, y a quien correspondía en este caso atender las incidencias o las recomendaciones que con respecto a los mismos se derivasen de cualquier tipo de control".
JUICIOS DE VALOR
El PSOE-A plantea también en sus enmiendas la eliminación de algunos "juicios de valor que no guardan coherencia con un relato de los hechos".
Así, en cuanto al párrafo de la ponencia en el que se indica que por "lo que respecta a la selección de las empresas mediadoras y aseguradoras --que capitalizan el monto del dinero y formalizan las pólizas--, no ha quedado suficientemente acreditada la celebración de concursos o procesos de selección lo que apunta a una total discrecionalidad en la práctica", el PSOE-A plantea la eliminación de esta última frase sobre la discrecionalidad.
El grupo socialista también pide la eliminación del "juicio de valor" relativo a que "cabe pensar que, si no se hubiera producido el episodio de Mercasevilla, posiblemente esta dinámica habría continuado en el tiempo".
