La Junta de Andalucía sigue sin prestar la adecuada atención sanitaria y social
SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Desde hace varios años la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) está alertando de "la total dejadez" por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior hacia las personas enfermas mentales internadas en las prisiones andaluzas. Esta última Administración reduce su presupuesto para el 2013 en un 6,33 por ciento respecto al 2012. Los enfermos mentales "se hacinan" en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.
Así, y en un comunicado, Apdha señala que si en Andalucía "hay 16.086 internos, alrededor de 1.300 personas presas padecen enfermedades mentales graves y unas 6.500 trastornos mentales y de la personalidad". La mayoría se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellas, y su paso por "tan duro" ambiente agrava, en prácticamente todos los casos, sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo "inapropiado" para estos enfermos ante la inexistencia de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.
En este sentido, Pro Derechos Humanos de Andalucía lamenta que la Junta "no esté actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad". "La escasez de recursos no justifica dejar que las personas que padecen enfermedad mental se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos".
Además, según dicho comunicado, la coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud --excepto la voluntariedad de algún profesional-- "es muy escasa, y con los servicios sociales, nula, por lo que al salir de prisión quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle".
Asimismo, indica que los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, "no se dispensan a las personas enfermas de las prisiones ordinarias --excepto en el módulo terapéutico de Albolote--, toda vez que señala que "hay que tener en cuenta que la media de población reclusa a la que atienden es de 1.800 personas presas en cada prisión, por lo que resulta obvio que lo más que llega la asistencia es a la prescripción farmacológica".
Desde la Apdha se denuncia también que en Andalucía existe un convenio desde el año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Sin embargo, "hoy en día el convenio, tres años y medio después, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias", lamenta.
