SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) ha considerado "discriminatorias" las medidas que fueron aprobadas el pasado doce de mayo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que consisten en que el Gobierno central no ha trasladado a las comunidades el aplazamiento del déficit que había conseguido raspar a Bruselas, de manera que se siguen viendo obligadas a cumplir los objetivos sin que se les aplique una prórroga.
En un comunicado de prensa, Cepes-A ha afirmado que se ha producido una propuesta liderada por Andalucía y secundada por otras Comunidades, ya que "la imposición del Gobierno no ha podido tener peor resultado".
En este sentido, han alegado que se ha producido "un encarecimiento de la financiación exterior y el cuestionamiento del estado autonómico", como consecuencia de "las amenazas veladas de intervención a las comunidades por parte del Estado junto a que se pusiera en entredicho el actual modelo de organización territorial de nuestro país".
Asimismo, el objetivo del Gobierno fue fijar para el año próximo una media de endeudamiento para las Comunidades del 16 por ciento del PIB nacional, y para conseguirlo, se da un tratamiento individualizado a cada Comunidad.
No obstante, "el problema radica en el sistema de cálculo que se aplica", ya que "este premia a las comunidades con mayor deuda, ya que deben hacer el mismo esfuerzo de reducción de deuda que el resto", es decir, aquellas administraciones autonómicas que han sido "más derrochadoras deberán hacer un menor esfuerzo que aquellas que han aplicado unas políticas de gasto más comedidas, austeras o eficientes", ha añadido Cepes-A.
Así, ha puesto de ejemplo que "mientras Cataluña o Valencia, con deudas acumuladas de 41.788 y 20.762 millones de euros, respectivamente y que representan más del 20 por ciento de sus PIB se podrán endeudar hasta el 23 por ciento de su PIB; Andalucía con una deuda de 14.314 millones -- 9,8 por ciento del PIB-- sólo podrá hacerlo hasta el 13,21 por ciento".
En este sentido la organización de economía social ha afirmado que es "evidente" que Andalucía resulta "claramente perjudicada" por este sistema e, incluso, "discriminada". Pues, "estando por debajo de la media de deuda autonómica se le exige tanto o más, comparativamente, que a las que mayor deuda tienen".
De este modo, las cifras mencionadas se convierten en 3.000 millones de euros en políticas de ajustes que deberá aplicar la administración andaluza, lo cual "puede significar la merma en los servicios esenciales que, en este caso, el Estado autonómico tiene la obligación de prestar con calidad en educación, sanidad y demás servicios y prestaciones propias del Estado del Bienestar".
Cepes-A ha asegurado que "el recurso de inconstitucionalidad sería un buen instrumento para recabar proporcionalidad e igualdad en el trato dispensado a nuestra Comunidad". Además, ha finalizado diciendo que "el CPFF no se puede convertir en un instrumento por el que el Gobierno dicta y las autonomías acatan, sin que haya espacio para la reflexión, el debate y el consenso, sobre todo en los momentos que vivimos".
