SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal especializado en Discapacidad, ha presentado este viernes una denuncia en el juzgado contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en Manuel Siurot, clausurada en mayo por orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, tras varias inspecciones. La denuncia señala que, desde 2018, "no se ha prestado una asistencia adecuada, con un importante riesgo para la salud e integridad de los mayores".
En la denuncia, se señalan cuatro delitos en el funcionamiento, cuidados y gestión de la residencia: por abandono de personas con discapacidad y vulnerables necesitadas de especial protección, contra la integridad moral, de lesiones y falsedad en documento oficial, tal como ha detallado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa. "Se han encontrado alimentos caducados, como huevos, sin menú visado por especialista y alimentos almacenados bajo productos de limpieza", se detalla en el comunicado.
También se "ha apreciado riesgo para la vida y la salud por usar contenciones no homologadas y sin control". El uso de éstas entraña "un grave riesgo de lesiones" cuando no están prescritas por facultativos y controlados de manera exhaustiva, así como había "falta de control de alimentos". Se han registrado "importantes caídas frecuentes en mayores con riesgo, por abandono, no cuidado directo a pesar de las enormes limitaciones de algunos de ellos" y la barandilla instalada no cumplía las normas de seguridad de incendios.
Asimismo, la Fiscalía apunta a que se ha superado la ratio de mayores, esencialmente dependientes, lo que supone "un grave riesgo para la salud al no contar con medios suficientes para atender a estas personas y la falta de registro correcto, por ausencia del mismo, sin expediente personal, lo que supone un riesgo de importancia al no conocerse la situación real de los residentes".
Las inspecciones de la Junta a la residencia desde 2018 a 2020 ya recogían "algunas irregularidades que debían ser subsanadas". En 2021, se requirió subsanar "incumplimientos", como el registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica, escasez de alimentos, visado de menú y la ocupación del centro con mayor número de grandes dependientes de los autorizados para la ratio del personal. Irregularidades que no se llegan a subsanar en la nueva inspección de 2022 y que acabaron con la orden de cierre de la residencia.
