SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Frente a las críticas del Grupo popular de la Diputación de Sevilla a la gestión de la institución en el centro de personas mayores La Milagrosa, ubicado en Marchena, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, ha acusado la portavoz del PP, María Eugenia Moreno, y la diputada popular María Helena Romero, de generar "alarma social con un tema tan sensible".
Para Sutil, es "lamentable que las diputadas del PP hagan política en los medios de comunicación cuando el pasado mes de julio los grupos políticos tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones y comprobar el estado de la misma junto al equipo del Área de Cohesión Social e Igualdad, visita en la que fueron informados sobre la evolución del centro residencial".
"Es necesario recordar a ambas diputadas que durante los meses más duros de la pandemia la residencia La Milagrosa, colindante con otra residencia perteneciente a la Junta de Andalucía, atendió y acogió a petición del Gobierno andaluz a varias personas mediante el procedimiento de urgencia y prevaleciendo la urgente necesidad y situación de emergencia de la atención a los mayores. No estará tan mal nuestro centro cuando la Junta pide este favor que, sin lugar a dudas, acatamos como personas sensibles que somos", ha aseverado.
Según ha detallado, este centro contaba con capacidad máxima de 68 personas hasta que una normativa de la Junta de Andalucía "estableció que los dormitorios tenían que pasar de dobles a individuales, con lo que la capacidad se estableció en 37 personas", ha dicho agregando que actualmente, La Milagrosa tiene una ocupación de 16 residentes, dado que tres han sido derivados por la Junta a otros centros una vez que cuentan plaza concertada.
Asimismo, "en estos momentos, la acreditación de la nueva adaptación a normativa está en proceso y pendiente de las obras de adecuación. Mediante el Plan Supera 7 se invierten 117.370 euros para las mismas, obras que tuvieron que ser paralizadas por el Covid y ya está ordenada su reanudación para ejecutar en lo que queda de este año. Además, se ha realizado un contrato menor para la automatización de las puertas de acceso", agrega, precisando que en la residencia hay una plantilla de 50 profesionales "teniendo en cuenta las ratio residentes/profesionales que establece la normativa".
Rocío Sutil ha afirmado que el puesto de Dirección, actualmente vacante, se encuentra en proceso de cobertura en Comisión de Servicio y que recientemente se ha firmado un nuevo calendario laboral con las organizaciones sindicales, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y en el que "se adecua la plantilla a la realidad del número de plazas, turnos y puestos en las distintas categorías que exige la normativa".
Además, ha defendido que media un encargo de estudio económico a una empresa externa "cuya entrega es inminente"; que el calendario laboral de la plantilla fija a 24 profesionales de atención directa frente a los 34 del año 2017; una propuesta de revisión de la ordenanza de los precios públicos que se encuentra en trámite y que se ha solicitado la firma de un convenio con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al acuerdo sobre plazas para su financiación autonómica.
"Estamos hablando de un centro residencial público, incomparable con ningún otro tipo de centro privado o de residencia hostelera o universitaria. Un servicio público que se presta respaldado por la calidad del mismo, supervisado regularmente por las autoridades sociales y sanitarias y con un alto grado de satisfacción por parte de las familias", ha enfatizado, defendiendo que "la política de personal llevada a cabo está sujeta a la Ley y a los acuerdos de funcionarios y laborales de la Institución Provincial".
"El coste económico de un centro como este es muy alto y hay que tener en cuenta el coste social del servicio que se presta, con ratios profesionales, recursos y servicios muy exigentes. Tanto los efectos del Covid como los nuevos modelos de atención a personas mayores están propiciando otros tipos de recursos como viviendas tuteladas y otras prestaciones de permanencia en su entorno más cercano y redes familiares", ha indicado.
Así, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad a los trabajadores y a la población". "Estamos pendientes de ejecutar obras, acreditar al centro para que podamos así firmar un convenio de financiación y entrar en el circuito de ingresos residenciales de la Ley de Dependencia", ha defendido.
