SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La organización Facua Sevilla ha interpuesto este jueves una demanda de recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital hispalense en la que "la excluye de las subvenciones destinadas cada año a las asociaciones de consumidores y usuarios" de la ciudad.
Según ha explicado la organización en una nota, se trata de programas financiados en el marco de las competencias de consumo que tiene el Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento, y, en concreto, de una partida presupuestaria de 19.320 euros a distribuir entre las tres asociaciones de consumidores existentes en la ciudad.
"A finales de 2014, el Ayuntamiento decidió no conceder a Facua Sevilla ninguna cantidad, pese a ser la organización de consumidores con mayor nivel de actividad, presencia social y representatividad", según lamenta la organización, que "cuenta con más de 19.000 socios en la capital", y que ha llevado el caso a los tribunales "tras ver desestimados sucesivos recursos".
En esa línea, desde Facua inciden en que "no es la primera vez que el actual gobierno municipal" del PP "niega" a la organización "una subvención de forma injustificada", algo que consideran que es "la manera con la que el equipo de gobierno de Zoido pretende castigar sus críticas a políticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, entre las que ha tenido una especial repercusión su recurso judicial contra la ampliación de la zona azul".
Así, explica que, el año pasado, "el Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos decidió retirar a Facua Sevilla la financiación de un programa para asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos como consumidores pese a que estaba aprobada en los presupuestos de 2014", una campaña para "defender a los inmigrantes de prácticas abusivas que el Ayuntamiento venía financiando cada año desde 2009".
Facua Sevilla, que "estaba desarrollando el programa con personal específico contratado para ello", recibió la notificación de Participación Ciudadana de que "se había visto obligada a anular los 18.000 euros con los que había aprobado subvencionarlo", para lo cual "recurrió a la excusa de que el Ayuntamiento ya no tenía competencias en materia de protección de los consumidores como consecuencia de la aplicación de la reforma local".
Sin embargo, la asociación "aclaró al Ayuntamiento que la reforma local no implica que pierda estas competencias, tras lo que Participación Ciudadana recurrió a un nuevo pretexto para anular la subvención", la de "su supuesta ausencia de competencias en cuestiones relacionadas con la inmigración y la protección de los consumidores", pese a que "llevaba cinco años financiando este tipo de programas", según apostilla Facua, que critica que "en lugar de transferir la partida presupuestaria al área que entendiese competente, Participación Ciudadana decidió incumplir lo aprobado en los presupuestos municipales y destinó el dinero a otros fines".
