La reunión celebrada este viernes se salda con el compromiso de no reclamar la ejecución del desalojo durante tres meses
SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sede de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha albergado este viernes una reunión entre todas las partes implicadas en el caso de las familias que habitan sin vínculo jurídico alguno un bloque de viviendas de renta libre de la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro. Fruto de este encuentro, la titularidad del edificio se habría comprometido a no reclamar por vía judicial la ejecución del desalojo de las viviendas en cuestión, al objeto de que la negociación cuente con mayor margen de maniobra.
En la reunión han participado una representación de las familias, una representación de Ibercaja, --propietaria de las viviendas a través de la sociedad Residencial Murillo--, la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento, Dolores de Pablo-Blanco, y el defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, como anfitrión.
BALÓN DE OXÍGENO
Lo principal del acuerdo, según ha manifestado a Europa Press Irma Blanco, una de las portavoces del colectivo de familias, es que el banco se habría comprometido a no reclamar por vía judicial el desalojo del inmueble "durante los próximos tres meses", dado que la ocupación de las viviendas motivó las consecuentes acciones judiciales. A partir de este punto, las partes han acordado celebrar un nuevo encuentro dentro de aproximadamente dos semanas para seguir avanzando hacia una solución del conflicto.
Y es que las familias reclaman que 'Ibercaja' les permita residir en las viviendas abonando un "alquiler social asequible", solicitando además que el Ayuntamiento de Sevilla desbloquee la llegada de los suministros de agua y energía otorgando a las viviendas la licencia de primera ocupación. Sobre estos aspectos concretos aún no mediaría un acuerdo entre las partes, según ha manifestado Blanco, quien ha reconocido que las familias no han "conseguido todos los objetivos", pero sí contarán con "tres meses más viviendo sin miedo" y mayor margen para la negociación. "Es muy importante", ha dicho en cuanto al acuerdo.
"SATISFACTORIO" PARA 'IBERCAJA'
Desde Ibercaja se han mostrado "satisfechos" con esta reunión, en la que la entidad bancaria ha ofrecido a las familias el programa de 'Llaves Solidarias' de su obra social para buscar "viviendas dignas para las familias que lo necesiten". Además, fuentes de 'Ibercaja' han indicado a Europa Press que el ayuntamiento por su parte se ha comprometido a conocer el estado de las familias "en el menor tiempo posible". "Nuestro deseo es resolver este asunto en los próximos tres meses, con el acuerdo de todos", indican tales fuentes tras explicar que las partes se volverán a reunir en unos 15 días y que en las actuales instalaciones aún hay que finalizar las obras. Asimismo, agregan que 'Ibercaja' "no ha recibido ayudas públicas" y que este edificio "no va al 'banco malo'".
La delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, ha manifestado, en un comunicado, que ha propuesto a 'Ibercaja' que solicite una modificación de la calificación de estos inmuebles, pasando de viviendas de renta libre a viviendas protegidas en arrendamiento, "para garantizar a estas personas un alquiler social".
LA JUNTA APELA A 'IBERCAJA'
En opinión de la delegada territorial, "una solución pasaría por modificar la calificación de las viviendas, de forma que 'Ibercaja' dé ejemplo práctico de su función social para estar al lado de las familias que lo están pasando mal y apoyarlas para que puedan acceder a una vivienda". Granada Santos ha recordado que una de las medidas contempladas en la obra social de 'Ibercaja' es avalar el alquiler social a familias con escasos recursos económicos y otra, realizar una aportación económica para que puedan hacer frente a la mensualidad. Además, la delegada ha asegurado que, si así lo hace, 'Ibercaja' "ganará credibilidad, justo en unos momentos en los que el sector financiero no goza de ella".
La delegada de Fomento y Vivienda ha puesto de manifiesto que "las administraciones no sólo deben velar por hacer cumplir el derecho a la vivienda como un principio constitucional, recogido en la Declaración de Derechos Humanos y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino que deben garantizar que las necesidades básicas de las familias, como la luz y el agua, estén cubiertas". Por ello, ha expuesto la urgencia de que las familias dispongan de estos servicios. La Administración andaluza, de cualquier modo, sigue ofreciéndose para continuar en la negociación aún pendiente en este conflicto.
