José Manuel García asegura que los dos informes emitidos por la Intervención son "demoledores"
SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Después de que el juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla haya abierto diligencias previas por la denuncia del secretario político provincial del PCA, Carlos Vázquez, contra el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido; su concejal de Economía y Empleo, Gregorio Serrano; y el director general de la Agencia para la Promoción Exterior de Sevilla (Appes), IU-CA considera que el Gobierno municipal del PP ha "venido usando" dicha entidad "al margen de cualquier norma o procedimiento administrativo".
La denuncia en cuestión, recogida por Europa Press, señala una subvención nominativa de un millón de euros aprobada en 2013 por la junta de gobierno del Ayuntamiento hispalense, en favor de la Agencia para la Promoción Exterior de Sevilla. El 4 de julio de 2014, y merced a esta subvención, la junta local de gobierno aprobaba las cuentas justificativas de la misma, mediando un informe fechado el 1 de julio por la Intervención del Ayuntamiento, respecto a esta subvención.
Este informe en cuestión, según la denuncia, censura aspectos como que pese a tratarse la Appes de una asociación privada sin fin de lucro, "no se justificaba en el expediente la procedencia de la tramitación de una subvención nominativa a una asociación que parece que interviene como entidad colaboradora y no como beneficiaria", toda vez que "no se detallaron en su día las actividades a realizar, ni tampoco la relación de gastos e ingresos de dichos proyectos, lo que impide a la Intervención concluir que los gastos sean adecuados". El informe del interventor, según la denuncia, avisa además de que tampoco son especificados "los criterios con los que la Appes adjudica los proyectos a realizar" y, además, "se incluyen gastos de patrocinio a otras entidades, así como subvenciones a terceros".
José Manuel García, portavoz municipal de IU-CA, ha señalado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que la decisión de abrir diligencias previas deriva de la localización de hechos que, presuntamente, podrían implicar "una posible infracción penal". "Los dos informes del interventor son demoledores, porque ponen de manifiesto el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones, avisan de contratos firmados por Appes antes de ser adjudicados, incrementos de costes sin justificación y empresas que han tenido acceso a contratos sin siquiera presentar presupuestos previos" para hacerse con dichos contratos, dice García.
Los hechos denunciados y sujetos ahora a estas diligencias previas, según García, pondrían de relieve que "el gobierno local ha venido usando la Appes al margen de cualquier norma o procedimiento administrativo", toda vez que la junta local de gobierno aprobó la justificación del gasto de la citada ayuda de un millón de euros concedida por el Ayuntamiento a la Appes pese al pronunciamiento de la intervención, pese a su "reparo".
"Con esos dos informes de la Intervención, el alcalde ha aprobado la justificación de las cuentas de esa subvención y ha aprobado también una nueva ayuda" a la Appes, explica José Manuel García, quien lamenta que el alcalde defendiese públicamente "el respeto a los funcionarios municipales", pero haya obrado así con los informes del interventor del Ayuntamiento.
