SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de diez activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) afrontan este viernes un juicio en uno de los Juzgados de lo Penal de Sevilla, por un presunto delito de hurto cometido supuestamente el 30 de agosto de 2013, con la "expropiación simbólica" de materiales escolares que estaban expuestos para su venta en una gran superficie comercial de la capital andaluza.
Con motivo del juicio, los aledaños del edificio Noga, que alberga los Juzgados de lo Penal de Sevilla, han sido el escenario de una concentración de apoyo a los diez acusados, entre los que figura Manuel Rodríguez Guillen, exalcalde de Pedrera y exdiputado provincial; o Rafael Aguilera, regidor de Alcalá del Valle (Cádiz), toda vez que otros miembros de la dirección nacional del sindicato fueron finalmente exculpados, como es el caso del histórico líder jornalero Diego Cañamero, otrora líder del sindicato, exalcalde de El Coronil y exdiputado nacional de Unidas Podemos, quien ha asistido a la protesta.
El abogado defensor de los acusados ha explicado que si bien ciertamente los activistas del SAT accedieron a una gran superficie de la cadena Carrefour de Sevilla capital y se hicieron con materiales escolares que no abonaron, se trató de un "acto reivindicativo y simbólico", señalando que la citada cadena de supermercados no interpuso denuncia por los hechos.
La Fiscalía, según ha dicho a Europa Press el abogado defensor, sí interpuso denuncia, achacando a cada uno de los diez acusados un presunto delito de hurto por el que solicita un año de cárcel para cada uno de ellos.
"No hubo fines lucrativos", ha defendido el letrado, exponiendo que los materiales escolares recabados del supermercado fueron entregados a niños de familias desfavorecidas, en concreto a una veintena de menores de las familias del colectivo Corrala Utopía, conocido entonces por haber habitado sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja.
Óscar Reina, portavoz nacional del SAT, ha insistido en que se trató de una "acción simbólica, a cara descubierta" e incluso avisando "a la televisión", para "denunciar la pobreza que sufre Andalucía". "No es un delito. Lo volveríamos a hacer", ha dicho a Europa Press Óscar Reina.
