SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha asegurado que prosigue con su calendario de actuaciones marcadas respecto a la situación de la finca de La Almoraima, localizada en Castellar de la Frontera (Cádiz), después de que la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción haya reclamado a la Junta que "se dé prisa" para "rescatarla" al estar "prácticamente abandonada".
Así lo han indicado a Europa Press desde el departamento que lidera María Jesús Serrano, que por otro lado ha recordado que este punto fue comunicado a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, en reunión mantenida el pasado verano, en la que se expuso la petición de que el Ministerio cediera la finca al Ejecutivo autonómico, aspecto que rechazó el Estado, pues su intención es la venta.
Entonces, la Junta recordaba que con la ampliación de los límites del Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, la totalidad de la finca quedaría dentro de este espacio y no se podrá desarrollar ningún proyecto que no esté contemplado en los usos tradicionales de la finca.
Así, la ministra exponía ante la consejera la voluntad del Gobierno central de vender, mientras que la Junta dijo que seguiría "trabajando por una Almoraima pública y para que ese patrimonio natural y ese capital de todos los andaluces no se privatice".
Por parte de los ecologistas, Antonio Muñoz, portavoz del colectivo en el Campo de Gibraltar, ha recordado a Europa Press que a mediados de año remitieron un escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamando contestación a la propuesta que le remitieron en enero en la que le manifestaban su "rotunda oposición" a la pretensión del Gobierno de España de proceder a la venta de La Almoraima.
Para ello, vienen exigiendo a la administración andaluza que sus pronunciamientos en contra de la privatización de esta finca no se queden "en lamentos", ya que la Junta tiene competencias para "garantizar su carácter público".
En este sentido, proponían como "única opción" que La Almoraima sea declarada como monte de dominio público, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, y su inscripción en el Catálogo de Montes de Andalucía.
