Las partes cuentan ahora con un periodo de cinco días para entregar sus conclusiones
SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Social número diez de Sevilla ha celebrado este martes un juicio por la demanda promovida, a título individual, por uno de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para reclamar los compromisos de financiación de sus rentas. Se trata de la segunda vista oral relativa a este conflicto, porque el juzgado de lo Social número ocho celebró el 15 de junio el juicio correspondiente a la demanda impulsada por el grueso de prejubilados de este ERE de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo.
Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados, según han informado a Europa Press fuentes del caso, se dirige contra la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente 'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas, y la propia Administración autonómica.
LA FINANCIACIÓN DEL ERE DE 2007
Como se recordará, 34 de los 40 prejubilados de este ERE han aunado sus acciones judiciales en una sola demanda, mientras los seis restantes hacen lo propio a título individual, pero siempre reclamando los compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de regulación de empleo y que la Junta de Andalucía cree inválidos en el ámbito jurídico. El pasado 15 de junio, de cualquier modo, el juzgado de lo Social número ocho celebró la primera vista oral de este conflicto con la demanda correspondiente al grueso de prejubilados.
En el juicio celebrado este martes por el Juzgado de lo Social número diez, según ha informado a Europa Press el abogado Manuel Castillo, quien representa al extrabajador promotor de la demanda en cuestión, la representación jurídica de Mercasevilla ha atribuido las responsabilidades del conflicto a la Junta de Andalucía al figurar en la documentación como principal fuente de financiación, toda vez que la representación de la Administración andaluza ha alegado una "excepción por falta de jurisdicción" bajo la premisa de que correspondería al orden Contencioso Administrativo y no al Social dirimir el asunto, exponiendo igualmente que este conflicto está "sometido" a las diligencias incoadas por la vía Penal por la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis.
A LA ESPERA DE LAS CONCLUSIONES
Mientras la compañía aseguradora 'Generali' se ha amparado en la legislación para defender la suspensión de las rentas como consecuencia de los impagos de las pólizas de seguro de rentas asociadas al ERE de 2007, las partes cuentan ahora con un periodo de cinco días para entregar sus conclusiones, pues el caso no ha quedado aún visto para sentencia.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de la lonja, supuso la prejubilación de 40 empleados. Las rentas de estos extrabajadores, no obstante, quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a una investigación judicial a manos de la juez Mercedes Alaya.
EL PAPEL DE GUERRERO
En concreto, aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado tres documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución". La Consejería de Empleo, así, niega cualquier compromiso de financiación con las prejubilaciones comprendidas en el ERE.
El ERE de 2007, cabe precisarlo, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos. En este expediente de regulación de empleo, en concreto, fue descubierta la prejubilación de un miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en Mercasevilla, toda vez que Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, es uno de los principales imputados en esta causa, dado su papel al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
