La Junta lamenta que "sólo uno" ha respondido a las cartas a los ayuntamientos para pedir que adjudiquen las VPO vacías

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mostrado su "sorpresa y asombro" por el hecho de que "sólo un ayuntamiento, el de La Línea de la Concepción", ha respondido a las cartas enviadas por su Consejería a ayuntamientos y diputaciones provinciales --además de promotores privados-- donde les pedía que en el plazo de un año, de todas las viviendas protegidas de la comunidad mediante su alquiler a precios adaptados a la demanda.

Cortés ha lamentado que "pese a la importancia de este tema tan sensible como el derecho humano a la vivienda", sólo ha tenido oportunidad de sentarse con la alcaldesa de La Línea de la Concepción (Cádiz), con vistas a "encarar el trabajo y conseguir el objetivo de que no hubiera VPO sin adjudicatario en La Línea".

"El resto de alcaldes y presidentes de diputaciones no han respondido a esta carta que le enviamos", ha agregado la consejera, quien ha asegurado que su departamento "es muy insistente en defensa del derecho humano a la vivienda y de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Cortés ha asegurado que "hay una línea roja en Andalucía, nosotros no vendemos viviendas del parque público y consideramos que las 5.620 VPO sin adjudicatario que le constan a la Consejería deben tener una persona que la habite en el plazo de un año, seguimos en esa idea".

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ya propuso a ayuntamientos, diputaciones provinciales y promotores privados un acuerdo para la efectiva ocupación, en el plazo de un año, de todas las viviendas protegidas de la comunidad mediante su alquiler a precios adaptados a la demanda, tras haberse detectado un stock de 5.620 viviendas nuevas sin contrato visado, tanto de promotores públicos como privados.

Cortés explicaba entonces que ha convocado a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes y presidentes de diputaciones con stock de vivienda vacía a un gran acuerdo para poner en alquiler y adjudicar sus viviendas deshabitadas a familias demandantes inscritas en los registros, al igual que ha hecho el Gobierno andaluz a lo largo del último año.