Junta rechaza la propuesta de PP para reformar la Ley del Suelo porque "no refuerza la garantía de acceso a la vivienda"

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha expresado su rechazo a la proposición de Ley presentada por el Grupo Popular en el Parlamento para la modificación de la nueva Ley de Medidas en materia de Vivienda Protegida y Suelo, aprobada en solitario por el PSOE a finales de octubre, por considerar que "no avanza en la dirección de reforzar el mandato del artículo 47 de la Constitución Española de garantizar el acceso a una vivienda digna".

Así lo asegura un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta aprobado el pasado 27 de diciembre en el que manifiesta su "criterio desfavorable" a la toma en consideración de la proposición de Ley del PP, que tiene como principales objetivos "modificar la determinación legal que exige a todos los municipios reservas de suelos para viviendas protegidas"; suprimir preceptos que, a su juicio, vienen a "vulnerar la autonomía local y/o restringir competencias municipales"; suprimir la regulación que define uso global turístico; y eliminar las modificaciones que esta norma efectuaba en la Ley de Comercio Interior de Andalucía.

El acuerdo del Gobierno andaluz, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende en primer lugar que la nueva Ley de Medidas en materia de Vivienda Protegida y Suelo "ha reforzado el objetivo de hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución, de garantizar el acceso a una vivienda digna", ya que considera que "la ampliación a todos los municipios y a todos los crecimientos urbanísticos con viviendas de la obligación de reservar un 30 por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas protegidas supone una manifestación del mejor cumplimiento del mandato constitucional".

Igualmente, la Junta pone en valor el hecho de que la proposición de Ley del PSOE para la modificación de la Ley de Medidas en materia de Vivienda Protegida y Suelo "vuelve a incluir la garantía del dictamen previo del Consejo Consultivo en aquellas modificaciones que afecten al equilibrio de la distribución de las viviendas protegidas que haya establecido el Plan General" por considerar que "cuando se implanten usos residenciales, sea cual sea el uso global del suelo y el tipo de vivienda que se construya, la ordenación urbanística debe garantizar suelo suficiente para dotaciones, equipamientos y servicios adecuados a la población, incluyendo las reservas del 30 por ciento de la edificabilidad residencial, aun en las denominadas residencias turísticas".

Por este motivo, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves entiende que la proposición de Ley presentada por el Grupo Popular "es contraria a uno de los principios esenciales de la norma que pretende modificar y no avanza en la dirección de reforzar el mandato del artículo 47 de la Constitución Española de garantizar el acceso a una vivienda digna".

SIN VULNERAR LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Respecto a las modificaciones que propone el PP para garantizar la autonomía municipal, la Junta recuerda que la mayoría de ellas "ya fueron desechadas por el Parlamento en el trámite de presentación de enmiendas", defiende que las observaciones de las corporaciones locales "fueron tenidas en consideración" durante el trámite de aprobación de la Ley y recuerda que el dictamen del Consejo Consultivo "concluye que la citada norma se encuentra en el marco de las competencias de la comunidad autónoma, sin que exista vulneración alguna de la autonomía municipal".

En relación a la pretensión del PP de suprimir la regulación que define el uso global turístico y eliminar las modificaciones en la Ley de Comercio Interior de Andalucía, el Gobierno andaluz recuerda que la proposición de Ley para la modificación de la Ley de Medidas en materia de Vivienda Protegida y Suelo "plantea la derogación de la disposición adicional novena de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por considerar que ha llevado a una interpretación no deseada, aunque dicha derogación que no afecta a ninguno de los fines de la citada Ley", mientras que se respaldan las "modificaciones técnicas al articulado" de La Ley de Comercio Interior, "que han sido aceptadas" por el Consejo de Gobierno.