No obstante, dada la "lentitud" de los tribunales, De la Torre aboga por "la presión política" para modificar el Decreto Ley antidéficit
MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Málaga se sumará al recurso que estudia presentar Valladolid, junto con otras entidades locales, ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto Ley antidéficit del Gobierno, y lo hará "por solidaridad y en defensa de la autonomía municipal". No obstante, el alcalde, Francisco de la Torre (PP), dada "la lentitud de nuestros tribunales", abogó por "la presión política" para modificar esa normativa, a través de acuerdos plenarios y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
De la Torre, con el que el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, se puso en contacto ayer para plantearle esta cuestión, indicó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento malagueño, "en principio, ven posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, ya que hay fundamento para hacerlo". Como aseveró, el Decreto Ley "supone un atentado a la autonomía municipal en cuanto a la imposibilidad de pedir créditos en 2011 y en lo que se refiere al destino del ahorro", obligando a dedicar ese dinero a cubrir remanente negativo y a amortizar la deuda con los bancos.
De todos modos, recordó a los periodistas que la presentación de un recurso ante el Constitucional tiene unas exigencias formales en cuanto al número de entidades locales que lo secunden, lo que reconoció que "es más difícil de cumplir", por lo que sería "una cuestión más de fuero que de huevo".
A juicio del regidor malagueño, "es práctico insistir en la vía política porque si queremos que 2011 sea diferente, no podemos poner la esperanza en el Constitucional porque entonces no estará resuelto".
"A efectos prácticos --declaró--, si queremos cambiar el contenido del decreto hay que abogar más por la presión política a través de la FEMP y con acuerdos plenarios, ya que la negociación política puede dar frutos más rápidos que la vía del recurso", que, como expuso, "sería más una manifestación de queja y de reclamación para que no se invada la autonomía municipal". Tal y como aseguró, "son compatibles la autoridad que el Estado tiene para los temas de ajuste económico y las necesidades específicas de nuestra propia economía", añadiendo que "el decreto no debe ser tan rígido que impida los movimientos y la autonomía municipal".
POLÍTICAS SOCIALES Y PARA FOMENTAR EL EMPLEO
Precisamente, De la Torre defendió que, "en un marco de austeridad y de solidaridad con el Gobierno central, se puede plantear también un mayor respeto a la libertad de decisión de los ayuntamientos respecto al destino del dinero ahorrado con las medidas de reducción de coste de personal". En este sentido, reiteró la conveniencia de que éste se pueda destinar también a gasto social y políticas de empleo y formación y no tanto a "fortalecer el sistema bancario, que ya tiene otras formas de fortalecerse y de hacer sus ajustes".
Recordó que en el pleno del Ayuntamiento de Málaga del pasado 27 de mayo se aprobó una moción urgente del PP en este sentido, por la que se pedía al Gobierno la modificación del Decreto Ley para disminuir el déficit público de manera que al menos el 50 por ciento del ahorro obtenido con esas medidas de reducción se pudiera destinar a gasto social y políticas de empleo y formación y no sólo a cubrir remanente negativo y a amortizar la deuda con los bancos.
El alcalde de Valladolid se puso en contacto con sus homólogos de Zaragoza, el socialista, Juan Alberto Belloch, y de Madrid y Málaga, los 'populares' Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco de la Torre, respectivamente, para estudiar la interposición de recursos al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto de medidas antidéficit planteado por el Gobierno de España.
"Estamos en fase de estudios. La voluntad política es seguir y hay varias vías para actuar en contra de un decreto que no era igual en el Consejo de Ministros que en las Cortes", afirmó el regidor vallisoletano.
León de la Riva reconoció que las acciones "no van a paralizar" el desarrollo de la normativa, pero al menos conseguirá que el TC "siente las bases de una vez de que la autonomía municipal a día de hoy es sagrada y el Gobierno de España no puede invadir sus competencias".
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