Más de 7.800 empleados municipales no cobran nóminas a fin de mes, según UGT, que inicia una campaña en sitios públicos

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.850 trabajadores de la administración local en Andalucía no cobran sus nóminas a finales de mes, según ha indicado la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A, que ha precisado que desde el inicio de la crisis se han registrado en el sector público local 503 despidos, tras lo que ha anunciado que se inicia desde este lunes hasta el mes de junio una campaña de concienciación ciudadana en lugares públicos, como estaciones de tren o de autobuses, centros comerciales, plazas públicas o plazas de abastos, hospitales, polígonos industriales, delegaciones de la Junta, puertas de ayuntamientos o palacios de justicia.

En rueda de prensa, el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, ha precisado que esta campaña, que lleva por título 'Lo público es por ti. Lo público es para ti', se enmarca en el contexto de una campaña nacional en contra del "deterioro del sector público y en contra del deterioro del Estado del Bienestar y del servicio público que se presta a los ciudadanos".

En ese sentido, en Andalucía el primer lunes de cada mes se repartirán en lugares públicos dípticos y material informativo, en lugares de máximo tránsito, mientras que todos los miércoles se prepararán mesas informativas en diferentes centros de empleados públicos, mientras que un jueves al mes se realizarán concentraciones en algunas provincias, eligiéndose para ello centros de empleo público que abarquen un gran número de usuarios y trabajadores y se llevará a cabo un minuto de silencio.

Tirado ha lamentado que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas ha supuesto en el Servicio Andaluz de Salud "la pérdida de 7.000 puestos de trabajo eventuales o fijos discontinuos, y una mayor precariedad de los servicios sanitarios".

Ha lamentado la paralización de concursos de oposición convocados para la consolidación de más 17.000 personas, trabajadores interinos y eventuales y ha asegurado que "cerca de 50.000 trabajadores de la ayuda a domicilio trabaja de forma eventual en una situación de precariedad ante los impagos de las administraciones".

Tirado ha advertido de que esa situación "se agravará en los próximos meses, cuando se sigan aprobando medidas que supone recorte de servicios públicos y servicios sociales", frente a lo que los ciudadanos "no han tomado conciencia real de lo que va a suponer estos recortes para sus derechos".

Este portavoz de UGT ha demandado que "en vez de potenciar los recortes entre los trabajadores, se acometerá una reforma fiscal", de forma que "en el ajuste del presupuesto están recortando de lo más fácil, reduciendo el gasto de los servicios públicos, cuando no pasaría anda si se construyera un kilómetro menos de carretera; deberían recortar gastos de otras partidas presupuestarias, pues a algunos ciudadanos sólo le quedan los servicios que se prestan desde lo público".

Tirado también ha rechazado la futura reforma laboral y ha advertido de que para algunos colectivos "la situación es insoportable", de forma que "las medidas que se toman, en vez de defender a los más débiles, están robando a los ciudadanos".

Por su parte la secretaria de Acción Sindical de FSP UGT Confederal, Carmen Barrera, considera que "otra política es posible y estas medidas no deben ser las únicas que se tomen" y ha insistido en la necesidad de luchar contra el fraude fiscal "pues con los 70.000 millones que se calcula supone ese fraude fiscal se puede costear el sistema sanitario en su totalidad".

Por ello, también ha abogado por desarrollar otra política fiscal frente a las subidas de IRPF y ha asegurado que "se llevan recortados 500 millones en sanidad, 400 millones en educación y 300 millones en servicios sociales y dependencia". Ha lamentado la congelación salarial "que se puede convertir en un recorte con los nuevos presupuestos que se preparan para marzo, curiosamente después de las elecciones".

Por último, Barrera asegura que "la privatización y las políticas de concertación con empresas privadas cuestan más a las administraciones y a los ciudadanos que lo público; las empresas aprovechan este negocio".