Écija (SEVILLA), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La localidad de Écija (Sevilla) ha sido recientemente el escenario de una nueva concentración vecinal, en demanda de soluciones a la situación que afrontan las familias de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, sometidas a una subasta como consecuencia de la liquidación de la extinta empresa municipal Sedesa, marco en el cual se viene reclamando que la Junta de Andalucía ejerza su derecho de retracto sobre tales viviendas, para que las mismas no acaben en poder de un fondo privado.
En la movilización participaron unas 200 personas, según fuentes de la Policía citadas por el Ayuntamiento astigitano, gobernado por el socialista David García Ostos, que señala que la protesta había sido convocada por los propios inquilinos de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en La Alcarrachela, para reclamar una vez más a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto sobre las viviendas para que sigan siendo públicas.
A SUBASTA
Las citadas 91 viviendas salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la empresa municipal Sedesa y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado por 1.150.000 euros, como recuerdan el Consistorio y los inquilinos de las mismas.
El alcalde de Écija, David Javier García Ostos, participó en la misma mostrando el apoyo del Gobierno Local a los inquilinos de las viviendas. Además, asistieron representantes de varios partidos políticos: por parte del PSOE, todos los miembros del equipo de gobierno a nivel local, así como otros líderes como Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza; Felipe López, ex consejero de Fomento y Vivienda y actual parlamentario andaluz; Beatriz Rubiño, parlamentaria andaluza y portavoz de Fomento, y José Losada, diputado en el Congreso.
Otros grupos políticos, como Fuerza Ecijana, Izquierda Unida y Podemos Écija, también mostraron su apoyo a los vecinos, participando en la manifestación con sus portavoces al frente. Los manifestantes, desde la Alcarrachela, se dirigieron hacia la Plaza de España, coreando diversas consignas reclamando a la Junta que ejerza el derecho de retracto para que las viviendas sigan siendo públicas.
POR SÓLO "13.000 EUROS POR VIVIENDA"
El alcalde, en ese sentido, ha lamentado que estas viviendas cuya construcción supuso una inversión pública de unos tres millones de euros hayan caído "en manos privadas por 1.150.000 euros, a unos 13.000 euros la vivienda".
"Este patrimonio público tiene que volver a ser de la ciudad", ha aseverado reclamando que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto respecto a estas viviendas, extremo solicitado por el propio Consistorio astigitano mediante un recurso de alzada.
"Tenemos que intentar que legalmente la venta no sea admitida y queremos que la Junta ejerza el derecho de retracto. Si no nos dan soluciones, iremos por la vía judicial", ha insistido el primer edil.
