SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy una proposición no de Ley del PSOE, que contó con el apoyo de IU y el voto en contra del PP, en la que se demanda al Gobierno andaluz que, en desarrollo del Título VI de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina Urbanística arbitre un procedimiento que permita a las administraciones públicas una actuación inmediata ante irregularidades urbanísticas que logre la reposición de la realidad física alterada con la mayor ejecutividad.
Concretamente, se insta a la Junta a que, en desarrollo del Título VI de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina Urbanística arbitre un procedimiento que permita a las administraciones públicas una actuación inmediata, que logre la reposición de la realidad física alterada con la mayor ejecutividad, sin renunciar a la audiencia del interesado como principio de contradicción que inspira nuestro procedimiento administrativo, y reputándose la misma como potestad municipal y como potestad autonómica previo requerimiento no atendido por el ayuntamiento.
Otro punto de la iniciativa aprobada hace referencia a la inclusión de los mecanismos de colaboración que permitan a las diputaciones provinciales y a la Junta de Andalucía ejecutar, mediante encomiendas de gestión, las resoluciones municipales de reposición de la realidad física alterada dictadas por ayuntamientos sin los suficientes medios materiales para llevarlas a cabo.
De igual manera, la Cámara demandó arbitrar fórmulas para que, en aquellos casos en los que la reposición de la realidad física alterada no fuese posible por razones fundadas de carácter material o legal, se permita reclamar al autor de la edificación ilegal indemnizaciones que se destinarían a la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas, de edificación de ciudad consolidada o a la adquisición de suelo para vivienda protegida.
Por último, se insta a la Junta a desarrollar el artículo 66 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de tal manera que las parcelaciones ilegales no tengan acceso al Registro de la Propiedad.
El diputado del PSOE José García Giralte manifestó que, hasta ahora, las medidas de restauración de la legalidad vigente se venían produciendo en ejecución de sentencia firme y en la mayoría de los casos cuando ya había transcurrido un tiempo considerable desde que se concluyó la edificación ilegal, dando lugar al menoscabo de un patrimonio ya conformado y con posibles terceros afectados, de manera que, a su entender, es necesario arbitrar un procedimiento que permita a las administraciones públicas una actuación inmediata, que consiga un efecto de mayor prevención general, como finalidad principal de la disciplina urbanística.
Dicha actividad, según añadió, corresponderá al municipio como administración con competencias directas y de base en disciplina urbanística, pero, asimismo, se ha de permitir de manera reglada la actuación de la administración autonómica cuando se produzca afección a los ámbitos materiales de su competencia y el municipio, requerido para el ejercicio de sus competencias, no las lleve a cabo de manera inmediata.
Debido a la insuficiencia de medios con que cuentan los ayuntamientos de menor presupuesto para afrontar las actuaciones de reposición de la realidad física alterada, según el diputado socialista, sería conveniente habilitar fórmulas que permitan solicitar la colaboración de las diputaciones provinciales y la Junta para realizar dichas actuaciones materiales.
Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez indicó que siete años más tarde, los socialistas traen a la Cámara el desarrollo reglamentario de un sólo título de la Ley, por lo que se preguntó cuántos años hay que esperar para que el Gobierno desarrolle el resto de títulos. Indicó que el PP no conoce que se esté tramitando ningún reglamento de discilina urbanística en la Cámara y dijo que el PSOE practica una política de parches, de la que los populares no van a hacer "seguidismo".
El PP planteó enmiendas a la iniciativa del PSOE en el sentido de que la Junta presente ante la Cámara, en el plazo de seis meses, un proyecto de Ley de control urbanístico en Andalucía para luchar contra los graves casos de corrupción y que sea consensuado con todos aquellos operadores del sector de la construcción, así como con ayuntamientos. En su opinión, con esta iniciativa, el grupo socialista pretende poner una "tapadera" a todas las ilegalidades urbanísticas que se han dado en Andalucía.
El diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo manifestó que es posible acabar con la corrupción, pero que para ello hay que cambiar la actual filosofía, que está basada en la financiación privada, esto es, bancos y grandes inmobiliarias. Dijo que hay que abordar una política del suelo, planteando que es público y evitando la especulación con el mismo.
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