Previsto para el martes el inicio en Sevilla del cuarto juicio de los ERE por las ayudas a Novomag

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el martes de esta nueva semana, el comienzo del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas a la empresa Novomag Manufacturas Metálicas, una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y las subvenciones directas y arbitrarias, financiadas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Los acusados en este juicio son María de los Ángeles Z.D., Juan Manuel P.B., José Luis F.J., Miguel A.G. y Rogelio M.I., creadores de la empresa Novomag, con sede social en La Línea de la Concepción (Cádiz), quienes según el escrito de acusación de la Fiscalía fundaron dicha entidad "para poder percibir fondos públicos de la Junta de Andalucía con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur" (Idisur), de la que habían sido administradores y trabajadores, "evitando las posibles acciones de reclamación de cantidad contra los administradores y socios, así como subrogándose en los activos de Idisur para intentar retomar la actividad productiva".

Novomag, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, fue creada con un capital social de 3.006 euros y cosechó "fondos públicos por importe de 420.708,47 euros sin sujeción a procedimiento alguno, sin acreditar los requisitos que le habilitarían para ser beneficiario de los mismos y aplicándolos al abono de deudas de otra sociedad en beneficio de los acusados".

Las ayudas, según la Fiscalía, fueron concedidas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento de subvenciones, no constando solicitud formal de la ayuda".

SIN "PROCEDENCIA NI RESOLUCIÓN MOTIVADA"

"La concesión de esta ayuda fue realizada por el director general de Trabajo y Seguridad Social (el ya fallecido Francisco Javier Guerrero) sin competencia legal para ello. No es posible conocer qué baremo o criterio se ha seguido para fijar la cuantía de la ayuda en 420.780,47 euros, no existiendo ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto la procedencia de esta ayuda ni tampoco resolución motivada de concesión ni de los requisitos a los que se debe de ajustar su aplicación por los beneficiarios", expone el Ministerio Público en su escrito.

Al respecto, indica que "pese a todas estas deficiencias, fue abonada la cantidad a Novomag al no haberse sometido su tramitación a fiscalización alguna por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía".

Los acusados, según la Fiscalía, "destinaron los fondos públicos percibidos junto con otros ingresos ajenos a cualquier actividad productiva", a pagar honorarios de un despacho de abogados y a saldar en parte las deudas de Idisur con la Seguridad Social.

LES PIDEN TRES AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados presuntos delitos de prevaricación y malversación, solicitando para cada uno de ellos tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros.

Se trata del cuarto juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Sección Primera de la Audiencia condenase a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas estas subvenciones autonómicas; que la Sección Tercera condenase al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Juan Márquez por las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco); y de que la semana pasada comenzase el juicio por las ayudas a las empresas del sector del corcho de Sierra Morena.

A tal efecto, recordemos que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene previsto celebrar los días 4 y 5 de mayo, la vista destinada a revisar los recursos de casación interpuestos contra la mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el "procedimiento específico" de financiación de los ERE.