SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Puerto de Sevilla está derribando estos días la planta de fabricación de hormigón ubicada en el muelle de Tablada, en desuso de hace más de 20 años, para despejar los suelos de cara a la futura ordenación prevista en el proyecto de Distrito Urbano Portuario. De hecho, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la reordenación de los terrenos frente a las naves de la Exposición Universal de 1929, una de las dos patas del Distrito Portuario, se abordará en el pleno del próximo 21 de marzo para su aprobación.
Esta ordenación en concreto permitirá un cambio de usos de servicios avanzados a residenciales y terciarios con 57.400 metros cuadrados de vivienda libre, 24.600 metros cuadrados de vivienda protegida y 16.000 metros cuadrados de usos terciarios; y reducirá la edificabilidad un 30%, pasando de 137.000 metros cuadrados de techo a 98.000. La Autoridad portuaria destinará 2,2 millones a obras de mejora de la zona de intervención.
En el contrato de demolición de la planta de hormigón, la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) explica que esta planta de manipulación es "inservible" para la actividad de este organismo público. Los materiales que resulten de la demolición pueden ser vendidos en el mercado con precios que oscilan entre los 80 euros la tonelada --sin fibrocementos ni restos de material en los silos-- y los 60 euros en caso contrario (IVA no incluido). El pesaje del material extraído "deberá ser realizado en una báscula de la Autoridad Portuaria", se especifica.
En el plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución, "se deberá presentar ante la Autoridad Portuaria de Sevilla, para su previa aprobación, proyecto técnico de demolición suscrito por un técnico". En dicho proyecto, se detallará los medios que se usarán para la demolición y se establecerán las "medidas necesarias para no dañar el pavimento de hormigón que rodea el perímetro, las redes y, en especial, las vías del tren y la zona de lavado de maquinaria". Los trabajos tienen un plazo máximo de ejecución de tres meses. Si el material no fuera retirado en el plazo señalado, "se entenderá que se renuncia al mismo, perdiendo todos los derechos, así como el importe de la adjudicación".
