SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, citado hoy a declarar como imputado ante el ministerio fiscal por el caso de las dos supuestas facturas falsas por valor de 22.578 euros pagadas por el Consistorio por obras no realizadas en el barrio sevillano de La Barzola --denunciado por el PP--, defendió su inocencia y subrayó que, en su labor, siempre confió en los técnicos municipales.
Al término de su declaración, que se prolongó durante una hora, su abogado, José Manuel Sánchez, informó a los periodistas de que la denuncia es "insostenible y con esta declaración ha quedado acreditada su absoluta inocencia y el hecho de que es ajeno por completo a los hechos denunciados".
Además, dijo que les resulta "sospechoso que una formación política presente una denuncia al cabo de un año" y, tras señalar que dicha denuncia presenta "errores garrafales y es una actuación de mala fe", el letrado calificó el caso de "una carga de caballería jurídica con bestias pero sin jinetes, a lo bestia".
En cualquier caso, subrayó que su defendido, el ex edil hispalense, "estuvo escoltado por la jefa de negociado, que tramitaba los expedientes de un modo impecable, conforme a la Ley, y por un arquitecto técnico que comprobaba que efectivamente esas obras se ejecutaban. El --entonces-- concejal se limitaba a confiar sencillamente en estos profesionales y a dar su visto bueno, en vista de lo cual entendemos que no debe prosperar la continuación de esta denuncia".
Así las cosas, precisó que entiende que las obras en cuestión "están hechas. No hay delito". El ex concejal socialista está también imputado por otro caso de supuestas facturas falsas en el Distrito Macarena de la ciudad, caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Entre los citados a declarar hoy también figura M.R.S., propietario de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos y, también, administrador único de la otra compañía que presentó proyecto de ejecución de las obras objeto de la denuncia --el arreglo de una calle en la citada barriada hispalense--.
Tras declarar, comentó a los periodistas que los trabajos se realizaron a finales de 2003 y los cobró en 2005. Su abogado, por su parte, resumió que "se puede comprobar la veracidad de su actuación con el simple hecho de sumar los metros presupuestados, los realmente ejecutados y los metros cobrados, y se verá que la suma coincide. Todas las facturas se ajustan a la realidad y a lo cobrado".
"ME ENCARGARON LO QUE ESTA HECHO"
El empresario precisó que los trabajos se realizaron en la calle Gonzalo Núñez de Sepúlveda, subrayando que "me encargaron lo que está hecho" y asegurando que un perito municipal comprobó toda la obra.
Tras manifestar que dejó de trabajar para el distrito y para el Ayuntamiento en general --para el que trabajó entre enero y septiembre de 2003-- "cuando terminé la obra, porque no me pagaban", sí agregó que en 2004 se le entregó un disquete desde el Ayuntamiento --sin precisar quien-- en el que se relacionaban los conceptos a ejecutar, documento a modo de plantilla al que él añadió el precio por metro y el total.
"Me imagino que a las otras empresas también se lo darían", dijo, al tiempo que precisó que desde el Ayuntamiento se le pidió este trámite, "un nuevo presupuesto, más o menos en 2004, para agilizar mi cobro". Además, estimó que "igual que hubo errores con el nombre de la calle, también podría haber ocurrido con los números, pero los metros coinciden y están hechos".
El fiscal había citado a declarar también hoy al técnico que certificó el fin de los trabajos realizados, pero éste no acudió, por lo que ahora se estudiara la posibilidad de volver a citarle.
La investigación por las dos facturas de La Barzola se inició a raíz de la denuncia presentada al respecto por el grupo municipal del PP. Así, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Jaime Raynaud, entregó el pasado 15 de marzo en Fiscalía la documentación concerniente a los expedientes de obras supuestamente facturadas, por valor de 22.578 euros, y no ejecutadas en la calle Gonzalo Núñez de Sepúlveda, de la barriada sevillana de La Barzola.
Los servicios jurídicos del partido, al respecto, apreciaron la posible existencia de cuatro delitos distintos, pues vieron indicios de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Además, los populares anunciaron el pasado lunes que ampliarían la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por el caso de las facturas del distrito Macarena con documentación sobre el informe técnico que justificaba la inversión del importe en otros lugares.
