El juzgado señala la falta de "proceso selectivo" en las contrataciones indagadas y el informe contrario de la Intervención
SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado mixto número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha resuelto continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias previas incoadas contra el exalcalde de La Puebla del Río por el PSOE Julio Álvarez González y el exgerente de la Mancomunidad del Guadalquivir Jorge R.C., por un presunto delito de prevaricación cometido en la citada institución cuando estaba presidida por Álvarez González, al haber contratado a tres trabajadores supuestamente sin proceso previo de selección, según un auto fechado el pasado 22 de noviembre y recogido por Europa Press.
A tal efecto, recordemos que la investigación deriva de una denuncia inicial de un trabajador respecto a una convocatoria "fantasma" de empleo de la Mancomunidad del Guadalquivir, que presta labores de recogida de residuos sólidos, recogida selectiva de residuos o limpieza viaria en 27 municipios, cuando la misma era dirigida por Julio Álvarez.
A partir de ahí, la propia Fiscalía solicitó que el expresidente de la Mancomunidad y exalcalde de La Puebla del Río declarase como investigado, merced a un informe de los servicios jurídicos de la Mancomunidad, del que "se desprende que al menos hubo tres contrataciones de trabajadores que se realizaron sin que conste que hubiera procedimiento de selección".
En ese sentido, Julio Álvarez González defendía en su comparecencia judicial el pasado mes de mayo de 2018 que aunque es cierto que firmaba los contratos de trabajo porque tal extremo formaba parte de su responsabilidad como presidente de la Mancomunidad, no tenía "ningún tipo de intervención" en los procesos de contratación. Es más, aseguró desconocer "el procedimiento administrativo que debía seguirse para la contratación de los trabajadores", pues "únicamente iba a la Mancomunidad para firmar la documentación".
Y es que según su tesis, su "equipo técnico traía el trabajo hecho" y él "sólo firmaba, entendiendo que los procedimientos eran conformes a la legislación" y preguntando siempre si las contrataciones "venían con el visto bueno de los sindicatos", cuyos representantes "tenían pleno conocimiento" de tales contrataciones.
EL ALCALDE SE DEFIENDE
Así, y según el acta de su comparecencia, recogida por Europa Press, Julio Álvarez González admitía que conocía a dos de los trabajadores cuyas contrataciones se investigan, al ser ambos vecinos de su municipio, insistiendo en que al firmar los contratos estaba "convencido de que se habían tramitado conforme a la legalidad", dando así "por bueno" el trabajo previo del "equipo de recursos humanos".
Ahora, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río, que había comenzado la investigación, se inhibiese en favor del Juzgado mixto número tres de Sanlúcar la Mayor, dicha instancia judicial ha acordado seguir las diligencias por el trámite del procedimmiento abreviado contra Julio Álvarez González y el exgerente de la Mancomunidad del Guadalquivir Jorge R.C., por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según el auto del juzgado, entre 2008 y 2010, cuando Julio Álvarez presidía la institución y Jorge R.C. ostentaba la Gerencia de la misma, "por orden de la Presidencia y la Gerencia de la Mancomunidad y sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir" los puestos de trabajo, fueron contratadas tres personas, unas contrataciones acometidas "con el informe desfavorable de la Intervención" municipal.
DEBERÍA HABER MEDIADO CONCURSO U OPOSICIÓN
"Según el artículo de Régimen de Bases de Régimen Local, la Mancomunidad Guadalquivir goza de entidad local, por lo que en relación a la selección de todo el personal se ha de regir con lo establecido en dicha Ley, por lo que debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través de concurso, oposición o concurso oposición libre, procesos en los que se garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el de publicidad", determina el juzgado, que pide a las partes que se pronuncien "solicitando la apertura de juicio oral o solicitando el sobreseimiento de la causa".
Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento de dicha localidad sevillana.
