SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de UPA en Andalucía, Agustín Rodríguez, ha mostrado este viernes "su satisfacción" por la incoación desde la Comisión Nacional de Competencia (CNC) de un expediente sancionador contra seis desmotadoras andaluzas por una posible práctica anticompetitiva consistente en la adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores de algodón.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha pedido que si finalmente se demuestra que "se han incumplido las normas más básicas de competencia, la ley caiga con todo su peso para que no se vuelva a repetir".
Rodríguez ha recordado que UPA-A detectó un presunto delito en relación al acuerdo en la fijación de precios y desde que se puso la denuncia "se han ido aportando pruebas que se han ido recopilando" y, finalmente, la CNC ha abierto un expediente sancionador, lo que pone de manifiesto que "hay indicios suficientes de un presunto delito".
Según ha señalado Rodríguez, lo que llevó a la organización agraria UPA-A a denunciar este extremo fue que "los agricultores estaban cobrando muy por debajo de lo normal y creaba un prejuicio económico".
Por último, el secretario general de UPA-A ha recordado que algunas de estas desmotadoras ya estuvieron implicadas en un caso similar. "La mayoría con otro nombre jurídico cometieron ya un caso como esto, son reincidentes", ha subrayado.
El expediente de la CNC se dirige contra Algodonera del Sur (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), Eurosemillas y su filial Surcotton, Industria desmotadora andaluza (Indesa) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa).
En el marco de la instrucción del expediente, la Dirección de Investigación de la CNC ha tenido acceso a determinada información de la que, según afirma, puede deducirse la existencia de indicios racionales de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en un acuerdo para la fijación de precios pagados por las desmotadoras a los productores de algodón.
Competencia señala que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y recuerda que ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.
