ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) iniciará la suspensión de las licencias pendientes de tramitación para la construcción del 'outlet' de Torre Village en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya declarado nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.
La sentencia del TSJA, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el PGOU.
El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha anunciado esta decisión tras conocerse la sentencia del TSJA para dejar claro que "se iniciarán los trámites para suspender todo el procedimiento".
"A expensas de los recursos que se puedan presentar, hoy no hay plan especial aprobado y nos regimos por el PGOU que dice que los suelos de Pikolín son de actividad industrial donde no cabe un centro comercial".
En declaraciones a los medios de comunicación, Muñoz ha contado que las obras de urbanización que estén hechas no se levantarán, pero las no terminadas se suspenderán y habrá que esperar a ver si caben recursos y si se recurre. "Creo que la sentencia es aplastante en ese tema y habla de jerarquía y dice que es nulo de pleno derecho".
"EN SU SITIO"
Ha aclarado que las licencias no concedidas y en tramitación se suspenderán porque no hay norma que lo soporte e incluso el procedimiento de expropiación, ha opinado, para agregar que la sentencia "pone las cosas en sus sitio y vuelve a ser una zona industrial".
Muñoz ha avanzado que antes de ordenar paralizar las licencias pendientes, el Gobierno municipal esperará que la Asesoría Jurídica informe para ver si se recurre, pero a su parecer, "hay incoherencia con los usos" y ha deducido que no se recurrirá y ha recomendado a Pikolín que "no recurra" porque en el caso de que decida construir un centro comercial "no tendrá licencia".
En tono irónico ha dicho que si alguien tuviera que indemnizar sería el "tripartito de moda" en referencia la PSOE, PP y Ciudadanos, para apuntar que son 3.000 euros de costas judiciales, pero lo cierto que quien votó que asuma sus responsabilidades.
Ha explicado que cuando en 2016 sale adelante este proyecto la propuesta inicial del Gobierno era que fuera para uso industrial sin centros comerciales, pero hubo un voto particular a la propuesta del Gobierno para que se ampliaran a usos para centro comercial por lo que la oposición da la vuelta al expediente que somete a votación. Nadie se opone a que en una zona industrial haya tiendas, pero se comete una ilegalidad y de la excepción se hace norma al hacer el outlet en la zona industrial. Además, políticamente es una perversión plantear un centro comercial".
Muñoz ha relatado que la empresa promotora "apoyada por este tripartido de moda, contra los informes municipales que elevaba ZeC hicieron un voto particular y se aprobó y en una zona industrial se mete por la gatera un centro comercial".
La sentencia del TSJA da la razón a los recurrentes entre los que figuran otras organizaciones como la FABZ y los empresarios de Huesca, además de asociaciones de comerciantes de los barrios zaragozanos de Las Fuentes y San José, junto a entidades políticas y vecinales enraizadas en el ámbito comercial.
HAY FUTURO
En tono enfático ha dicho que tras esta sentencia "es un día grande para el comercio de Zaragoza. Hay futuro". "Teníamos razón cuando decíamos que era y será ilegal"
A su parecer, el comercio de los barrios estaba abocado a la ruina y la creación del 'outlet' le iba a "dar la puntilla" al comercio de proximidad. "Era el vestigio de una ruina de política de comercio porque la Comunidad autónoma era la que tenía menos centros comerciales y pasó a ser la segunda, detrás de Madrid y el 40 por ciento del comercio se había cerrado". Ha considerado que se trata de un modelo de comercio "fracasado".
