TERUEL, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), ha acusado este lunes al Gobierno de Aragón de provocar un conflicto "interesado" con el consistorio por las obras del futuro hospital de la ciudad y ha estimado que el Ejecutivo socialista ha intentado utilizar este proyecto para obtener rédito electoral.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, la alcaldesa ha detallado que para la construcción del hospital son necesarias tres tipos de licencia. En primer lugar, la licencia del edificio del hospital, "que es positiva por parte del ayuntamiento y favorable, pero no se puede conceder condicionada a que se obtenga la licencia de la urbanización".
En segundo, la propia licencia de urbanización. "Se presenta el proyecto el 1 de marzo y tiene algunas deficiencias que son menores. La pelota está en el tejado del Gobierno de Aragón para subsanarlas y en el momento en que se conceda esa licencia de urbanización automáticamente se concederá la licencia del edifico", ha señalado Buj.
Por último "está el tema de las grúas, que está condicionado también a la licencia de urbanización" por lo que "la clave está tanto en el edificio que es la obra de mayor envergadura, como en la instalación de grúas, a que se tenga la licencia del proyecto de urbanización que se presentó el 1 de marzo".
La alcaldesa ha advertido de que "en cualquier Comunidad autónoma si un Gobierno autonómico comienza a construir un hospital sin licencias de obras, solo porque vienen unas elecciones, hubiera sido un escándalo, pero esto parece que aquí se considera normal", ha criticado.
En todo caso, ha dicho tajante que el Ayuntamiento de Teruel "debe exigir a todas las administraciones lo mismo que le exige a los particulares y que un Gobierno autonómico comience unas obras solo porque vienen unas elecciones es un escándalo".
SE FACILITAN LOS TRÁMITES
Además, ha defendido que el consistorio "está facilitando lo más posible la agilización de este expediente que está priorizado", las deficiencias que se tienen que subsanar "son mínimas" y si el Gobierno de Aragón presenta de forma correcta esos documentos "inmediatamente tendrá las tres licencias".
Por ello, ha pedido al Ejecutivo aragonés que presente la documentación "lo antes posible" y le ha advertido de que, si mientras tanto continúa con las obras, "le supondrá una sanción menor y la responsabilidad será suya, pero le pido que presente la documentación".
Como ejemplo de lo que está ocurriendo en esta tramitación, la alcaldesa ha explicado que se solicitó una parcela para colocar las grúas y se han instalado en otra distinta. "Esto puede ser una anécdota, pero da idea de las dificultades que está poniendo el Gobierno de Aragón a este ayuntamiento para agilizar los expedientes", ha sostenido.
ESPECIALISTAS
Buj ha estimado que el Ejecutivo autonómico "no está dando ninguna facilidad" al consistorio para agilizar los trámites y ha dicho tajante que el Gobierno aragonés "está provocando un conflicto con el Ayuntamiento de Teruel interesadamente para que se hable de esto y no se hable de que no se ha hecho el hospital en cuatro años".
"Como alcaldesa lo que me preocupa es que se haga el hospital de una vez y aquí hemos tardado cuatro años y ahora resulta que por quince días arriba o abajo tenemos esta confrontación. Lo que quiero es que se haga el hospital y que se completen las plantillas de especialistas en Teruel, porque nos vamos a gastar cien millones de euros en hacer un hospital nuevo que todos estamos deseamos, pero lo más importante es que se completen las plantillas de especialistas porque si no tendremos un hospital que hará eco", ha alertado.
La alcaldesa ha insistido en que "en el momento en que se tenga licencia de urbanización, automáticamente se concederá la licencia para las grúas y para el edificio del hospital", para insistir en la necesidad de que el Ejecutivo presente de manera correcta toda la documentación y "deje de hacer ruido mediático".
Ha recordado que la ley obliga al consistorio a comunicar que no existe la licencia y "que si no se paran las obras habrá sanción de entre 6.000 y 60.000 euros y la que pondría el ayuntamiento es la mínima posible, que son 6.000 euros". "El ayuntamiento tiene que comunicar esa situación jurídica para que el promotor tome las decisiones que considere oportunas", ha concluido.
