IU reclama a Sanidad que informe sobre cómo va a solucionar la situación del transporte sanitario urgente

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Aragón ha solicitado al Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico que informe antes de que finalice este mes sobre cómo va a solucionar la situación del transporte sanitario urgente por carretera, puesto que el pliego para el nuevo contrato ha sido paralizado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

En rueda de prensa, el coordinador de IU y portavoz de esta formación en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, y la responsable de Derechos Sociales de IU, Marga Deyá, han advertido de que la actual empresa concesionaria ha manifestado que no va continuar con este servicio, cuyo contrato finaliza este verano.

"El Gobierno de Aragón tiene que decir qué solución va a dar" para que haya un servicio "que garantice la calidad" y también unas condiciones laborales "dignas", ha manifestado Sanz, que ha criticado que se haya incumplido el acuerdo de investidura que su formación suscribió, donde se contemplaba estudiar la internalización de todas las contratadas que acabaran esta legislatura, especialmente las relacionadas con el ámbito sanitario.

El portavoz parlamentario de IU ha indicado que el Departamento de Sanidad "hizo un informe de cuatro páginas en el que no decía nada" y solo se elaboró para "justificar que no era viable" la internalización.

Sin embargo, esta última sería la fórmula "más sencilla para resolver los problemas que tenemos", cuando la pandemia ha demostrado "el papel de lo público" por lo que "no podemos volver a la hoja de ruta de 2019", ha sostenido Sanz.

Ha lamentado la falta de "voluntad política" del Gobierno de Aragón para esa internalización y ha anunciado que su partido va a enmendar el proyecto de ley de Contratos Públicos de Aragón, en trámite en el Parlamento, "para que sea perceptivo elaborar un informe antes de una nueva contrata" sobre los costes y efectividad operativa del servicio, tanto de la externalización como de la internalización para estimar que lo público "es más eficiente y rentable económicamente".

CAOS

El coordinador de IU Aragón ha calificado de "caótica" la actual situación del transporte sanitario urgente por carretera en Aragón, cuando es un "servicio público fundamental", que en los últimos años "ha cobrado especial relevancia". A su entender, ha habido "irresponsabilidad" por parte del Gobierno de Aragón.

Por su parte, Marga Deyá ha esgrimido que el carácter esencial de este servicio se ha puesto de manifiesto durante la huelga convocada por los trabajadores ya que los servicios mínimos han sido del cien por cien, algo que revela, igualmente, "que está en unas condiciones mínimas".

Según ha señalado, entre las carencias se encuentra el uso de ambulancias convencionales y el sistema de localización y ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha considerado que las horas de localización "son trabajo efectivo".

Ha añadido que el nuevo pliego, "suspendido por las alegaciones presentadas, no elimina la localización y establece unas horas de presencialidad que impide cumplir con los tiempos máximos de llegada en el medio rural. Además, en Zaragoza, la ratio de vehículos, no cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud, ha afirmado.

CONVENIO ANULADO

Por otra parte, la responsable de Derechos Sociales de IU Aragón ha apuntado que el convenio colectivo negociado entre trabajadores y empresa, que permitió poner fin a la huelga, "ha sido anulado" el martes pasado por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Deyá ha indicado que la sentencia plantea que Acciona, la empresa que gestiona la totalidad del servicio de transporte sanitario urgente, no puede representar al sector y, por otro lado, al disolverse la Asociación de Empresarios de Ambulancias de Aragón (AEAA), no hay asociación empresarial con la que firmar convenio.

"De hecho, fue el propio Gobierno de Aragón el que impugnó el convenio ya que le afectaba directamente al tener que contemplarlo en la elaboración del nuevo pliego", ha precisado Deyá, para quien esta situación vuelve a poner sobre la mesa la realidad de que las empresas del sector trabajan de forma mayoritaria para la Administración pública y están sujetos a unos pliegos de condiciones que suponen el marco de actuación de éstas.

Por eso, el reconocimiento de mejoras salariales o de otro tipo debe tener cabida en dichos pliegos de condiciones, pero la Administración hace "dejación de funciones y niega su responsabilidad o capacidad" de actuación en esta cuestión.

La consecuencia es que los trabajadores no tienen interlocutor, no hay asociación empresarial y las empresas que gestionan los servicios no son reconocidas como interlocutoras o no quieren ejercer puesto que se dicen sujetas a un pliego de condiciones concreto. "Los paganos vuelven a ser los trabajadores", ha lamentado.

LIMITA LAS CONDICIONES LABORALES

Desde IU Aragón han evidenciado que el Gobierno de Aragón, en general, y el Departamento de Sanidad, en particular, dice no tener capacidad para incidir en las condiciones laborales de estos trabajadores pero, por otro lado, las limitan y las impugnan cuando las consideran excesivas.

En este sentido, Álvaro Sanz ha instado al Ejecutivo a que reconozca que el transporte sanitario urgente es un servicio esencial que fundamentalmente lo realiza la Administración y que es la que realmente tiene potestad para negociar las condiciones laborales, "sin escudarse en empresas intermedias que se someten a sus condiciones".

"El Ejecutivo se niega a reconocer su papel y a hacerlo efectivo, pero desde IU seguiremos reclamando que lo haga y aborde, de verdad, la internalización" que ha estimado que es "la única forma de avanzar y salir de la situación en la que nos encontramos".