La alta tasa de reincidencia, un 10% de sujetos cumple el 50% de las condenas, aconseja reflexionar sobre formas de enfrentarse a penas
ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El número de personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en Aragón duplica en estos momentos al número de reclusos. Las cárceles aragonesas acogen a más de 2.600 internos, mientras que existen, sólo en la provincia de Zaragoza, más de 4.000 expedientes de personas condenadas a realizar estos trabajos en beneficio de la comunidad.
Por ello, el Informe Especial sobre las Necesidades Asistenciales de la Población con Alto Riesgo de Delincuencia en Aragón sugiere la puesta en marcha de nuevos trabajos que permitan cumplir sus condenas a estas personas, con al menos 500 nuevas plazas anuales, como una alternativa a su ingreso en prisión.
Este informe, coordinado y presentado este martes por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y elaborado por el magistrado decano de Zaragoza, Ángel Dolado, el doctor en psiquiatría, José María Civeira, y el médico forense, Paulino Querol, analiza los problemas y alternativas en el cumplimiento de las penas.
Así propone, cuando sea posible, la mediación y los trabajos en beneficio de la comunidad, entre otras medidas, como formas de enfrentarse a los conflictos y de dar solución a las penas, teniendo en cuenta además que un 50% de los delitos podrían evitarse porque nacen de la desinformación, el aislamiento, la incapacidad de autonomía personal, el estrés y las tensiones en las relaciones humanas.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha aclarado que "no somos abolicionistas de las prisiones ni de las penas privativas de la libertad", que son necesarias en casos graves de delito y según las características del delincuente, si bien la alta tasa de reincidencia obliga a realizar una reflexión sobre otras formas de enfrentarse a las penas.
De hecho, el 36% de los detenidos vistos en juzgado de guardia ya habían sido detenidos antes y, de la población reclusa, un 10% de las sujetos cumple el 50% de las condenas.
Asimismo, el Justicia ha recordado que el coste medio de un recluso es "de entre 20.000 y 25.000 euros anuales", un coste mayor que el que supondrían las medidas propuestas en este informe y que ya se han trasladado al Gobierno de Aragón y al Defensor del Pueblo, para que las tome en consideración y las exponga al Gobierno de España.
CÁRCEL, ÚLTIMO RECURSO
Entre estas medidas alternativas a la cárcel se encuentran los trabajos en beneficio de la comunidad, porque "no tiene porqué entrar todo el mundo a prisión" cuando este es "el último recurso", ha recordado el delegado de Instituciones Penitenciaras en Aragón, Navarra y La Rioja, Manuel Becerril.
En declaraciones a los medios de comunicación, Becerril ha expuesto que las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad "han aumentado notablemente" de manera que en la provincia de Zaragoza "estaremos tramitando unos 4.000 expedientes en los últimos tres o cuatro años", unos "1.000 ó 1.200 en este último año". De ellos, un 80% responden a personas que han cometido un delito por una infracción de tráfico.
Becerril ha explicado que estas personas colaboran en distintas funciones como "reparar daños, pintadas, ayudan en bibliotecas" y, para que puedan cumplir su condena, "hace falta la colaboración de todas las instituciones públicas". Como ejemplo, ha avanzado que "estamos a punto" de firmar un convenio con la Consejería de Educación para que puedan realizarse trabajos en institutos de la Comunidad.
En este sentido, el magistrado decano de Zaragoza, Ángel Dolado, se ha mostrado "muy crítico" con el sistema de trabajos en beneficio de la comunidad "porque no tiene una cobertura suficiente" y ha instado a las instituciones, ayuntamientos y colectivos, a determinar un "protocolo claro" para mejorar este programa.
MEDIACIÓN PENAL
Ángel Dolado ha indicado que este Informe se ha realizado desde junio de 2009 y hasta 2010, sin considerar la reforma del Código Penal pero caminando "en esa dirección". En el análisis se han establecido cuatro tipologías de personas condenadas para estudiar posibles soluciones.
De esta forma, distinguen entre delincuentes noveles o que cometen su primer delito, que no ingresan en prisión y podrían beneficiarse de la mediación penal o los trabajos en beneficio de la comunidad; delincuentes no habituales, que ingresan en prisión y para los que "la mediación es importantísima", aunque depende de la capacidad de acuerdo con la víctima; reincidentes con problemas psiquiátricos o de adicción; y aquellas personas que están a punto de salir de prisión.
Para los dos primeros grupos, y junto a los trabajos en beneficio de la comunidad, Ángel Dolado ha defendido la mediación penal que se aplica en algunas comunidades como Cataluña y País Vasco y que "puede conseguir mejores resultados" a la hora de que evitar la reincidencia.
La mediación "implica el voluntarismo de todos, jueces, fiscales, abogados", ha señalado Dolado, al apreciar que podría aplicarse en los "supuestos de delitos menos graves". La valoración para concluir si es posible o no la mediación "no puede ser sólo del juez de instrucción", ha recalcado, al apuntar que debe implicar al ministerio fiscal, al abogado del acusado y al de la víctima.
Se calcula que entre un 25 y un 40% de las mediaciones serían eficaces, ya que surgen del diálogo y el acuerdo voluntario entre víctima e infractor para dar solución a un conflicto. Además, esta solución alternativa al ingreso en prisión "es más satisfactoria para la víctima, porque desaparece su miedo al delincuente", por lo que es una solución "psicológicamente mejor", ha apreciado.
ENFERMOS
En el caso de personas con problemas psiquiátricos, el informe ha estudiado 588 casos atendidos en la consulta de psiquiatría del Centro Penitenciario de Daroca, un 70% con una enfermedad mental grave, y se ha comprobado que su ingreso en prisión les ha permitido entrar en contacto con los servicios sanitarios y detectar su enfermedad, que es necesaria tratar.
El doctor en psiquiatría José María Civeira ha destacado que entre un 15 y un 20% de las personas que cumplen condena padecen una enfermedad psiquiátrica que no está bien tratada o que no responde al tratamiento.
En estos casos, el informe aboga por garantizar la continuidad de los cuidados para estas personas en los centros penitenciarios, impulsar su seguimiento, y estima "interesante" la creación de juzgados especializados en psiquiatría y drogodependencia
Sobre el consumo de alcohol y otras sustancias, el estudio expone que el alcohol está presente en un 40% de las personas detenidas por la policía, por lo que aconseja trabajar en la prevención y deshabituación de estas sustancias.
REINSERCIÓN
El extenso informe recoge otros datos sobre delincuencia en menores de edad y población extranjera y centra una parte en analizar la situación de los reclusos que permanecen en prisión y los que están a punto de cumplir sus condenas.
A este respecto, el Justicia ha recordado que "se dice que las penas tienen por objeto la rehabilitación del delincuente" y, por ello, se piden más recursos en los centros, más viviendas tuteladas, oportunidades ante su salida de prisión y que se eviten los retrasos en el cobro por excarcelación, que acumulan "dos y tres meses y debe ser inmediato", ha agregado Ángel Dolado.
Por último, García Vicente ha defendido la labor de los jueces, en quien "en este país debería haber más confianza" y ha valorado que "para que la Justicia sea más eficaz es necesario que sea formal pero menos formalista". Asimismo, ha concluido realizando un llamamiento a la sociedad porque para que haya reinserción no sólo es necesaria voluntad de quien está en prisión sino de todos, para que "se reconozca el derecho de estas personas que se han equivocado a reincorporarse" a la sociedad.
