También solicita modificar la Ley General de Sanidad estatal para que se pueda exigir en estos casos
ZARAGOZA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha solicitado al Gobierno autonómico que estudie la fórmula jurídica adecuada para poder exigir a los trabajadores de las residencias de personas mayores que se vacunen contra la COVID-19, después de que se haya pasado de dos brotes y dos contagios el pasado 1 de julio a los 52 brotes y 485 afectados esta semana, de ellos, 385 residentes --con 35 hospitalizados-- y cien trabajadores.
En rueda de prensa, la diputada del PP en el Parlamento regional, Marian Orós, ha explicado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la obligatoriedad de la vacunación en caso de epidemia y para los sectores "más sensibles por su cercanía a determinados colectivos".
Ha detallado que en Francia e Italia es obligatoria la vacunación para sanitarios, personal de residencias de mayores y bomberos, y hay comunidades autónomas que, dentro de sus competencias, están buscando esa fórmula jurídica que les permita adoptar esa media, como Galicia, Murcia, País vasco, Cantabria y Baleares, ha enumerado.
La diputada del PP ha comentado que, en Aragón, hay 800 profesionales vinculados a las residencias que están sin vacunar, a quienes se pide una PCR cada 72 horas, que han de costearse ellos mismos o la empresa, lo que supone un gasto mensual de unos 400 euros por empleado, por lo que se han negado "y han llevado el asunto a los tribunales".
Para Orós, el Gobierno de Aragón debería aplicar alguna medida que permita la realización de esos test. Por lo que se refiere a la recomendación de que los trabajadores no vacunados "no estén en puestos de relación directa con los residentes", es una medida "inviable" en algunos casos, ha dicho.
BIEN SUPERIOR
La parlamentaria 'popular' ha esgrimido que se trata de proteger "un bien superior, como es la vida y la salud de los mayores". En este contexto, ha reclamado que el Gobierno de Aragón se dirija al de España para que modifique la Ley General de Sanidad y ésta contemple esa obligatoriedad de la vacunación en estos casos.
"Se han multiplicado por diez las infecciones en las últimas tres semanas" en las residencias de mayores de Aragón, ha alertado la diputada del PP, que también ha pedido al Ejecutivo regional que, a través de la norma pertinente, "debería exigir" que en cualquier nueva contratación en estos centros se presente el certificado de vacunación, igual que para las visitas de familiares, algo que ahora solo es una recomendación.
Orós ha lamentado que, este verano, "hayan vuelto a saltar todas las alarmas" y el Gobierno autonómico, "una vez más, haya sido incapaz de verlo y de adelantarse", con una sexta ola en Aragón "en la que ha vuelto a ir por detrás de los acontecimientos".
La diputada ha sostenido que la vacuna ha supuesto un "freno" en las personas fallecidas y "gracias a ella hay menor incidencia" respecto a los "dramáticos" datos de las ondas epidémicas precedentes, pero el Gobierno debe tender en cuenta que la vacuna no es esterilizante "y hay muchos mayores que se están reinfectando".
En el caso de las personas institucionalizadas, Orós ha opinado que las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón, a través de una Instrucción con recomendaciones para las residencias, son "tardías e insuficientes" puesto que solo son "sugerencias", cuando se debería ir "más allá".
Al respecto, ha indicado que éste fue el primer colectivo de población en ser vacunado --entre enero y marzo de este año-- y pasados seis meses, el Gobierno de Aragón debería realizar test serológicos para detectar en qué casos no ha sido suficiente, puesto que hay un estudio internacional que revela que el 20 por ciento de los mayores vacunados no se ha inmunizado.
Se trataría de saber cuántas personas en Aragón están en esta situación, así como de conocer el grado de inmunidad que tienen los mayores para adoptar las decisiones pertinentes.
TERCERA DOSIS
Por otra parte, Orós ha indicado que países como Rusia e Israel ya están inoculando una tercera dosis, tras detectar que la eficacia de la vacuna está bajando, y ha pedido al Gobierno de Aragón que se prepare y planifique para que, si se decide administrar en España, las personas mayores que viven en residencias sean las primeras en recibirla, "de manera ordenada y rápida".
El PP también ha pedido que se refuercen el personal médico y de enfermería de los centros de salud que tienen a su cargo "un gran número de residencias", algo que ya solicitaron hace un año "y no se ha hecho".
Además, ha reclamado al presidente de Aragón, Javier Lambán, que cumpla lo prometido hace uno año y otorgue ayudas directas a las residencias de mayores "para ayudares a sobrellevar los gastos extraordinarios" que han debido realizar a causa de la pandemia.
Estos centros deberían tener, "después de un año y medio demoledor, el apoyo del Ejecutivo", que hace un año dijo que destinaría tres millones de euros a estas ayudas directas, que, por ahora, "ni están, ni se les esperan", ha afeado Orós.
