Valle cree que el Real Decreto de centros de datos es "una prohibición de facto" a la economía del sector

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle.
La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 16:17

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, donde ha comparecido a petición propia, que el proyecto de Real Decreto del Ejecutivo central sobre centros de datos "es una prohibición de facto" a la economía del sector.

Con los centros de datos Aragón puede "incorporarse desde el principio" a la denominada cuarta revolución industrial, la economía del dato, un objetivo "irrenunciable", ha afirmado Valle, argumentando que es "una oportunidad para diversificar aún más nuestra economía, hacerla más productiva, aumentar su competitividad, contar con inversiones que actúan como tractores de actividades de alto valor añadido y construir un ecosistema tecnológico que consolide a Aragón como el 'hub' tecnológico del Sur de Europa".

"Aragón cuenta con todas las características necesarias para aprovechar esta oportunidad de futuro para sus empresas y para sus ciudadanos y nuestra responsabilidad es aprovechar esta oportunidad de la mejor manera posible: Esto es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón".

Valle ha indicado que los centros de datos que quieren instalarse en Aragón "deben ser tractores y, además, sostenibles, eficientes, garantizar un uso responsable de los recursos y asegurar también que las exigencias relacionadas con la soberanía y con la resiliencia digital se cumplen de forma adecuada", todo lo cual ha incorporado "plenamente" el Gobierno de Aragón al evaluar el interés estratégico de estas inversiones.

Sin embargo, la regulación propuesta por el Gobierno de España "nos saca, como Aragón, pero también como país, de la posibilidad de competir, como están haciendo los países de nuestro entorno, para atraer unas inversiones que son críticas para nuestro futuro y para generar valor añadido y puestos de trabajo de calidad".

A su juicio, el Real Decreto "pone en riesgo inversiones estratégicas para Aragón y compromete el desarrollo de una infraestructura esencial para la transformación digital, la competitividad y la autonomía tecnológica de España y de Europa", lo que constituye "una irresponsabilidad".

"Los centros de datos no son simplemente edificios llenos de servidores, son la infraestructura física con la que funcionan la nube, la inteligencia artificial, la digitalización de nuestras empresas, las comunicaciones, la ciberseguridad, una parte creciente de los servicios públicos digitales y, cada vez más, el día a día de todos nosotros".

"Tenemos una oportunidad única en España y sobre todo en Aragón porque partimos con ventajas importantes para, no solo aprovechar esta situación, sino para liderar este cambio", ha expresado.

Valle ha sido clara: "Nuestro objetivo no es llenar Aragón de centros de datos, sino aprovechar estas inversiones para transformar y elevar la cadena de valor de nuestra economía porque alrededor de estas infraestructuras se movilizan construcción, ingeniería, instalaciones eléctricas y mecánicas, telecomunicaciones, mantenimiento, energía, seguridad y servicios profesionales".

Además, "a partir de las mismas pueden desarrollarse actividades de alto valor añadido vinculadas a la inteligencia artificial, a la nube, al software, a la ciberseguridad, a la conectividad o al equipamiento tecnológico, y eso es lo verdaderamente estratégico". Para la consejera, "lo sensato es que esta legislación no se apruebe de forma precipitada y sin diálogo ni reflexión suficiente" porque "nos jugamos demasiado".

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Desde el PP, el diputado Juan Pablo Artero ha considerado que el Gobierno de España no pretende regular los centros de datos, sino "hacerlos imposibles, prohibirlos y que Aragón no tenga esta industria, que es importante para nuestro futuro".

Los centros de datos "no solamente se justifican por el empleo que van a crear, directo, indirecto e inducido; no solamente se justifican por los impuestos que van a dejar, por los productos y servicios que todos usamos a diario, la infraestructura digital, que es necesario, sino que lo que se pretende es crear un ecosistema mucho más amplio de empresas proveedoras, de empresas auxiliares".

Para la diputada del PSOE, Carmen Dueso, el Real Decreto "exige a los centros de datos que se alimenten de renovables, que sean eficientes en agua y energía, que no acaparan red que no usan". Ha preguntado "¿Cuál de todos los puntos le molesta? ¿Está en contra de las renovables? ¿Está en contra de ser eficiente en agua y energía? ¿Quiere que se queden con toda la red? Cada litro de agua y cada megavatio acaparado es un litro de agua y un megavatio que no tiene la industria y el campo aragonés".

En el turno de Vox, Juan Vidal ha expresado que "el Gobierno de Sánchez pretende aprobar por la puerta de atrás un Real Decreto de centros de datos que constituye de facto un boicot a su implantación en Aragón", añadiendo que "utiliza un trámite de urgencia que roza el fraude de ley, un mecanismo que el Tribunal Supremo ha confirmado que solo se debería emplear bajo una emergencia nacional", pero "el engaño de este nefasto gobierno ya no cuela" porque "lo que realmente pretende este decretazo es encubrir las caóticas políticas energéticas de Sánchez".

Ha intervenido en representación de CHA el diputado Miguel Jaime Angós quien ha reiterado que su partido no se opone a la digitalización, sino a que "Aragón se convierta en un territorio de sacrificio al servicio de las grandes multinacionales tecnológicas", considerando que la disyuntiva es "uno en el que ponemos el suelo, el agua, la electricidad y las infraestructuras mientras las decisiones y buena parte de los beneficios se quedan fuera, o uno en el que aprovechamos nuestros recursos para generar industria, conocimiento y empleo estable que permanezcan en nuestro territorio, porque evidentemente no son lo mismo".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha hecho notar que la inversión necesaria en la red eléctrica "es ingente y nadie la va a asumir", tras lo que ha reprochado a la consejera que el Gobierno regional "ha vendido Aragón a cambio de nada y ahora se quejan cuando se exigen unos criterios mínimos y básicos de sostenibilidad".

La diputada de IU, Marta Abengochea ha augurado que "esta industria va a colapsar y por eso es imperativa la regulación estatal", como ya se está haciendo en Estados Unidos y países europeos como Irlanda, que ha aprobado un plan urgente "ante el colapso de la red y el riesgo significativo de apagones", de forma que "hay que regular", ha dicho, lamentando que el Gobierno de Aragón critica al de España "mientras incumple sus propios deberes".

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