OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tanto el consejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, como la Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Esther Fernández, han evitado este jueves responder a preguntas de periodistas acerca del caso del niño de cuatro años que ha sido devuelto por orden judicial a su madre biológica en Asturias, tras haber vivido años con una pareja en Valencia en preadopción.
Martínez y Fernández, que han coincidido en una reunión que han mantenido en la sede de Fiscalía, en la que también ha estado presente la nueva directora general de Justicia e Interior, Concepción Iglesias. Ambos han eludido las preguntas sobre el caso por la misma razón: proteger al menor implicado.
"Lo mejor que podemos hacer en estos casos cuando se trata de menores es proteger sus derechos; por tanto no haremos ninguna declaración en cuestiones con menores implicados", ha apuntado Guillermo Martínez.
No obstante, el dirigente regional ha querido hacer una defensa de todos los funcionarios que trabajan en cuestiones relacionadas con la tutela de menores. "Defendemos la labor de los excelentes profesionales que hay en la Administración del Principado y respetamos las sentencias judiciales", ha añadido.
En el momento de tener al niño, la madre biológica era menor y estaba en un centro tutelado del Gobierno del Principado de Asturias. Fue precisamente el Ejecutivo regional el que inició la propuesta previa de adopción y el niño comenzó a vivir con una familia en Sueca (Valencia).
Pero la madre decidió acudir a los tribunales contra la decisión de la Consejería de Bienestar Social para reclamar la tutela de su hijo, pero un juzgado de Oviedo desestimó su petición. Sin embargo, recurrió y la Audiencia Provincial le ha dado la razón, obligando a la familia de Valencia a devolver al niño, de cuatro años.
REUNIÓN
Por otro lado, el encuentro que han mantenido en Fiscalía ha sido una "reunión de trabajo" con el objetivo de colaborar y cooperar en distintos aspectos, propiciando el contacto entre la nueva directora general de Justicia e Interior, Concepción Iglesias y la Fiscal Superior de Asturias.
Martínez ha destacado el "esfuerzo inversor" que está realizando el Gobierno asturiano en infraestructuras de sedes judiciales y nuevas tecnologías para adaptarse al expediente digital.
