OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las instrucciones que hacen efectiva la reciente modificación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
La medida permitirá a las personas beneficiarias del salario social básico y sus complementos vitales solicitar la revisión de las deudas derivadas de cobros indebidos cuando estos sean consecuencia de retrasos o actuaciones imputables a la Administración. Las solicitudes de revisión podrán presentarse a partir este viernes, y hasta septiembre de 2027.
La publicación de este procedimiento se produce una semana antes de que finalice el plazo previsto en la ley para su aprobación, con el objetivo de agilizar la aplicación de las nuevas garantías y facilitar que puedan beneficiar cuanto antes a las personas afectadas.
La ley establece que las personas beneficiarias que hayan actuado de buena fe, comunicado correctamente los cambios en sus circunstancias y cumplido con las obligaciones exigidas por la normativa, no tendrán que asumir las consecuencias económicas derivadas de retrasos o errores atribuibles a la Administración. La consejería recuerda que estas garantías no se aplican en supuestos de fraude, mala fe, ocultación de información o aportación de datos falsos o inexactos.
Las instrucciones regulan la revisión de expedientes en distintas situaciones, incluidos los procedimientos en tramitación, las reclamaciones pendientes de pago y determinadas cantidades ya abonadas. Asimismo, prevén la suspensión de las actuaciones de cobro mientras se analiza cada caso cuando concurran las circunstancias previstas en la ley.
Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales estudiará cada expediente para comprobar si reúne los requisitos legales y resolver, en su caso, sobre si procede dejar sin efecto la deuda o devolver las cantidades abonadas.
Para facilitar la difusión de la medida, Derechos Sociales ha activado un canal de coordinación con entidades locales, equipos territoriales y organizaciones del tercer sector, con el fin de informar, resolver dudas y favorecer que las personas potencialmente beneficiarias puedan ejercer este derecho.
