OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno asturiano y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha asegurado este jueves que tres de cada cuatro personas que reciben actualmente el Salario Social Básico (SSB) en Asturias pasarán a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno estatal aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.
Sin conocer todavía el detalle de la prestación, Álvarez ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se establecerá un periodo de transición entre las personas que perciben el salario social y recibirán el ingreso mínimo. "De una manera u otra los dos sistemas convivirán un tiempo", ha señalado, para después subrayar que se dará respuesta a las necesidades de los asturianos y que "nadie se quedará fuera" de la prestación.
Sobre esta prestación, y dado que el PNV y el Gobierno central han acordado la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a País Vasco y Navarra, el Principado ha señalado que este acuerdo "se da en el marco de las Comunidades Autónomas que comparten régimen foral", por lo que entiende la portavoz del Ejecutivo asturiano que "su situación no es comparable" a la del resto de autonomías del régimen común. "Habrá que estar pendiente de lo que disponga el Real Decreto Ley para la hipotética gestión por parte del Principado", ha dicho.
En Asturias, ha recordado, hay una ley que regula el Salario Social Básico, y otra en tramitación en la Junta General sobre el mismo tema, en la que habrá que "encajar" el IMV y analizar cómo impactará sobre la prestación asturiana, a fin de hacer convivir el Ingreso Mínimo Vital con el sistema de garantías asturiano.
En este sentido Álvarez ha anunciado que pedirá comparecer a petición propia en la comisión del ramo en la Junta General para explicar a los grupos parlamentarios el impacto que tendrá el ingreso mínimo sobre el SSB, una prestación a la que, en catorce años, se han destinado mil millones de euros.
783.000 EUROS PARA TRAMITAR EXPEDIENTES DEL SSB
La consejera ha anunciado en la rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de más de 783.000 euros para ampliar la plantilla de profesionales que tramitan los expedientes del salario social básico y las ayudas a la dependencia.
En concreto, 439.633 euros se dedicarán a financiar el programa temporal de refuerzo de gestión de la renta mínima autonómica, con el objeto de dar respuesta al incremento de solicitudes derivadas del impacto de la COVID-19, que se sitúa en torno a las 3.000. Esta iniciativa implica la contratación de 30 empleados públicos.
Otra partida de 344.000 euros irá destinada al contrato de 22 profesionales que fortalecerán el servicio de tramitación de las ayudas vinculadas a la dependencia. Esta medida está incluida entre las acciones del plan de choque puesto en marcha en 2019, que persigue que en septiembre de este año todas las peticiones en este ámbito se resuelvan en plazo.
