OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La tasa por rescates y asistencias que existe en el Principado de Asturias desde comienzos de 2010 no se ha cobrado hasta la fecha a nadie, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, dado que no se ha registrado ninguno de los supuestos que la norma contemplaba.
El Gobiernos socialista liderado por Vicente Álvarez Areces aprobó esta tasa mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Regionales del ejercicio 2010. Se trataba de una medida que ya estaba vigente en otras comunidades autónomas.
La que era consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, ya insistió en su día en que la tasa no tenía un afán recaudatorio, sino que buscaba acabar con la irresponsabilidad manifiesta de le quienes ponían en peligro innecesariamente a las personas que intervienen en un rescate.
Así, el objetivo de la tasa es precisamente sancionar a aquellas personas que cometiesen imprudencias que desembocasen en rescates, como los que no atiendan los os boletines o partes de avisos de alerta o de predicción de meteorología adversa, los que que se introduzcan en zonas señaladas como peligrosas o en aquellas de acceso restringido, o los que no lleven equipamiento adecuado para la actividad.
Pero en los dos años y medio que lleva vigente la norma, no ha habido que cobrar las tasas por estas razones en Asturias, ni consta la apertura de expedientes por parte de Bomberos. Son precisamente los bomberos y distintos profesionales de seguridad los que han de determinar, a través de informes técnicos, si es necesaria la apertura de un expediente.
Las tarifas que contempla la tasa van desde los 33 euros por hora correspondientes a los servicios prestados por el persona de intervención hasta los 2.033,40 euros por la utilización de medios técnicos y helicóptero medicalizado.
Están exentas del pago de esta tasa la Junta General, el Procurador General, la Sindicatura de Cuentas, la Administración del Principado de Asturias y su sector público, el Consejo Consultivo, la Universidad de Oviedo, las entidades locales del Principado de Asturias, las restantes Administraciones autonómicas y la Administración General del Estado.
