El padre e hijo acusados de comprar una de las motos robadas dicen que la operación parecía legal y que no miraron el número de bastidor
TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los cinco acusados de robar decenas de vehículos en áreas de servicio y tiendas de Toledo y Madrid, que se enfrentan a penas de entre 11 y 17 años de cárcel, han rechazado tanto los delitos que les imputan como las condenas a las que se exponen. Los procesados, incluso, han negado que exista una relación que les una, más allá de la convivencia de barrio.
Así ha quedado de manifiesto en la primera sesión del juicio que este martes ha arrancado en la Sección Segunda de la Audiencia de Toledo, que acoge esta vista hasta el jueves, donde han negado haber robado una furgoneta Mercedes de un camión góndola estacionado en el área de servicio 'Venta del Queso' de Tembleque (Toledo) el 12 de marzo de 2020, tras amenazar con un cuchillo al conductor.
De igual modo, han negado su implicación en el robo de un vehículo a motor en Serranillos del Valle; el de ocho motos de Motos Saza de Ocaña (Toledo), donde accedieron a su interior por medio de un butrón en la nave colindante, así como el robo de dos furgonetas y 440 euros de la empresa de alquiler de vehículos Ceresalquiler de Talavera de la Reina, el 19 de marzo del 2020.
Los procesados tampoco han admitido su implicación en el robo cometido el 25 de marzo de 2020 en la empresa Adhoc Express en el polígono industrial 'El Raso' de San Agustín de Guadalix (Madrid), donde tras hacer un butrón se apoderaron de un ordenador, un terminal móvil y de diverso material óptico.
SIN TRABAJO O CON EMPLEOS SIN CONTRATO
De los cinco procesados, solo dos han declarado trabajar en la época en la que sucedieron los hechos, pero han asegurado hacerlo en negro pues no tenían contrato. En el caso de A.J.M.L., ha dicho trabajar como instalador de tarima flotante en la empresa de su cuñado, con horario de 7.00 a 20.00 horas, con parada para comer.
H.E.J también ha afirmado trabajar sin contrato en el taller de mecánica que su hermano tiene en el madrileño barrio de Entrevías. Ha asegurado no haber salido de casa los días en los que sucedieron los hechos de marzo, que coinciden con el estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa del inicio de la pandemia, por miedo a que su mujer, que tiene graves enfermedades, se contagiase de COVID-19 "y dejar sin madre a su hijo de meses".
Por su parte, J.O.V., en situación de desempleo cuando sucedieron los hechos, ha declarado que pasó parte del confinamiento en compañía de otro procesado, A.A., que "se aburría en su casa". Ha indicado que les ofrecieron una moto para vender y que, como no pudieron darle salida, se la dieron a un rumano de Nambroca.
Tras admitir que A.A. tiene discapacidad intelectual y definirle como persona "sensible, que tiene sus cosas", ha indicado no saber si este amigo trabajaba, pues no hablaban de estos asuntos.
En el caso de A.A., que no consta en el escrito de acusación de Fiscalía, ha declarado tener reconocida una discapacidad del 45% por retraso mental y padecer varias enfermedades visuales. En los meses en los que sucedieron los hechos ni trabaja ni estudiaba y vivía con 10 familiares, dependiendo económicamente de su abuela, que se dedica a la venta ambulante de flores.
Ha relatado que con el estado de alarma se "agobió", porque vivía con muchas personas, y se fue a Nambroca con J.O.V, con quien estuvo dos o tres semanas.
ACUSADOS DEL DELITO DE RECEPTACIÓN
Respecto a J.M.G.G. y J.M.G.M., padre e hijo acusados de un delito de receptación por comprar en mayo de 2020, a través de Wallapop y a sabiendas de su origen ilícito, una moto que pertenecía al establecimiento Motos Saza que habían robado los anteriores procesados, han declarado desconocer la procedencia del vehículo.
El hijo, J.M.G.M., ha relatado que su padre fue a recoger la moto a la urbanización Calypo-Fado de la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo), que le dieron un contrato de compraventa con apariencia legal y que no se fijó en el número de bastidor. De hecho, ha asegurado que hasta que la Guardia Civil no le paró no descubrió que la moto era robada.
Por su parte, el padre, J.M.G.G. ha relatado haber pagado en mano 4.500 euros por la moto, que no le pareció manipulada y que estaba en perfecto estado. Ha dicho no recordar que el contrato de compraventa estuviese firmado de forma previa a la operación por el vendedor y que no ha sido capaz de reconocer visualmente al varón que se la vendió bajo una identidad falsa, pues llevaba mascarilla.
TESTIGOS
En la jornada de este martes también ha testificado la mujer de uno de los acusados, H.E.J. que ha ratificado la declaración de su pareja alegando que no salieron de casa cuando se produjeron los hechos delictivos por miedo al COVID, pues está "gravemente enferma". También ha defendido tener fotos con su bebé y su pareja del 19 de marzo que acreditan su presencia en casa.
De igual modo, el hermano de este acusado ha declarado que le ayudó en el taller que tiene en Entrevías durante cinco o seis meses antes de pandemia, y que estaba con él casi todo el día, porque no tenía ayudante.
En la Sección Segunda de la Audiencia toledana también ha comparecido L.B.S, propietaria de Motos Saza de Ocaña (Toledo), donde los acusados se hicieron con ocho motocicletas y otros efectos, de las que solo han recuperado dos.
Una de ellas fue identificada por su marido en un circuito de Sonseca de agosto de 2020, donde comprobó que el número de bastidor y serie había sido borrado. Esta propietaria es la única de los afectados por los robos cometidos por los procesados que reclama indemnización civil por los hechos.
