CIUDAD REAL, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La "cuota" de 710 euros al año que debería pagar cada inmigrante irregular para ser atendido sanitariamente en España sería similar a lo que se pagará a las aseguradoras por cada habitante de las zonas de salud cuyos hospitales van a pasar a ser gestionados por empresas privadas.
En declaraciones a Europa Press, el decano del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Ramón Garrido, ha asegurado que esa es la estimación que se está haciendo por parte de la Administración de cara al paso a la gestión pública-privada de hospitales, cuatro de ellos en Castilla La Mancha.
Garrido, en relación al primer anuncio sobre la supresión de la atención a inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España, ha señalado que cada vez, "incluido, yo", son más los médicos dispuestos a prestarla.
Según datos de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), en la actualidad son más de 1.000 los médicos dispuestos a ello, de los cuales medio centenar son de Castilla La Mancha.
Garrido ha considerado que la orden de no atender a inmigrantes irregulares es "una injusticia" y ha reconocido que la situación, una vez que pudieran ser reconocidos y diagnosticados, sería "muy complicada".
En este sentido, ha señalado que la orden para realizar pruebas complementarias o la derivación a especialistas sería prácticamente imposible dado que base informática de sistema no reconocería a estos pacientes.
