MADRID/TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (ICV) han registrado de forma conjunta una proposición no de ley en el Congreso por la que piden al Gobierno que elabore un calendario de cierre de las centrales nucleares, de acuerdo con su vida de diseño y sin posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones, por encima de sus 30 años de vida.
Además, solicita al Ejecutivo que presente ante la Cámara baja un proyecto de ley que establezca el cierre de las instalaciones atómicas, comenzando por el cierre "inmediato" de las nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), que este año ha cumplido 40 años y cuyo cierre está previsto para 2013; así como para la planta de Cofrentes, en Valencia, que comenzó a funcionar en 1984 y el Gobierno acaba autorizar la renovación de su licencia de explotación por diez años más.
UN FONDO MONETARIO CON LOS BENEFICIOS DE LAS NUCLEARES
Igualmente, quiere que el Gobierno redacte un proyecto de ley que establezca la creación de un fondo que se nutrirá de los beneficios de las instalaciones atómicas ya amortizadas, del que se destinará un 20 por ciento al mantenimiento y seguridad de las centrales.
Además, pretende que otro 15 por ciento del mismo esté destinado a la dinamización social y económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales, y un 50 por ciento al impulso y a la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y eficiencia energética.
En su exposición de motivos, a la que tuvo acceso Europa Press, IU-ICV alega que el debate nuclear se ha reabierto en Europa después del "desastre" nuclear de Japón, y que es "muy necesario" limitar a 30 años la vida útil de las centrales, eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones y fijando por ley los criterios para adelantar su cierre.
Según detalla, los objetivos de este plan de cierre son mantener un suministro de calidad sin encarecimiento de los costes de producción, cumplir los compromisos de Kyoto y disponer, desde las instancias públicas, de un fondo económico "suficientemente importante" para impulsar las inversiones en energías renovables y en ahorro y eficiencia energética, así como para dinamizar las zonas de centrales.
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO
Por su parte, el Gobierno relata en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, que mantiene su apuesta ya anunciada por la "sustitución progresiva" de esta tecnología, en función de la existencia de tecnologías alternativas competitivas y con el "consenso social necesario".
En este sentido, reitera que las nucleares, salvo problemas técnicos sobre los que debe velar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), deben funcionar, al menos, 40 años.
"A partir de esa fecha ha de haber un margen político, una vez superada la parte técnica, para tomar la decisión más conveniente. Un margen político que abre camino a pactar esa cuestión", reconoce el Ejecutivo.
El titular de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció en el Pleno del Congreso a comienzos de marzo, y tras accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi (Japón), que el Gobierno, en colaboración con el CSN, revisará los sistemas de seguridad de todas las centrales del país.
En especial, apuntó que tendría "especial prioridad" la valenciana de Cofrentes, que tiene una antigüedad de 27 años y el pasado 10 de marzo, es decir, el día anterior a la catástrofe japonesa, se aprobó la prórroga de 10 años de funcionamiento para esta planta.
EL PARQUE NUCLEAR ESPAÑOL
El parque nuclear español cuenta con seis centrales nucleares y ocho reactores: Santa María de Garoña (Burgos), que empezó su explotación en 1971 y cuyo cierre está previsto para julio de 2013; Almaráz I (Cáceres), que inició su actividad en 1983 y Almaráz II (Cáceres) en 1984; Ascó I y Ascó II, en Tarragona, que funcionan desde 1983.
Mientras, la nuclear de Cofrentes (Valencia), empezó a trabajar en 1984; Trillo, en Guadalajara inició su explotación en 1988, al mismo tiempo que Vandellós II, en Tarragona.
En España el periodo de funcionamiento de una nuclear no tiene un plazo fijo y las autorizaciones de explotación se renuevan periódicamente tras la evaluación del Consejo del Seguridad Nuclear (CSN) y la posterior ratificación del Ministerio de Industria.
El operador solicita una renovación por un plazo determinado, que normalmente es de diez años más de funcionamiento, y lo hace en torno a dos años antes de que expire su licencia vigente de explotación. Ante esta solicitud, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elabora un informe con un dictamen que puede ser favorable o desfavorable a la continuidad. El informe, de ser positivo, es preceptivo para el Gobierno, pero en caso de ser negativo, es preceptivo y, además, vinculante.
