Propone también, por medio de otra moción, que los Ayuntamientos pidan dinero a la Junta para promover vivienda pública protegida
TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida va a elevar mociones en todos los ayuntamientos en los que tiene representación, y en la Diputación de Guadalajara, para forzar a que el Gobierno regional adopte las medidas necesarias para elevar a 1.000 euros líquidos los salarios de los beneficiarios del Plan Integrado de Empleo para el 2008, que tiene como objetivo dar cobertura temporal a las personas desempleadas, que en la actualidad son cerca de 14.000.
Así lo avanzó hoy en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Cayo Lara, quien explicó que estos planes van financiados por el SEPECAM con fondos de hasta el 80 por ciento procedentes del Fondo Social Europeo, y que son gestionados por los ayuntamientos, encargados de proponer y ejecutar los planes de obras.
Señaló que los ayuntamientos por tanto pueden solicitar la subvención para los planes que presenten para contratar a los trabajadores desempleados seleccionados, por un periodo en general de tres meses y con un salario mensual de 765 euros.
Para IU, es "incomprensible" que se mantenga esta situación cuando se ha aplicado la homologación salarial a los empleados públicos de sanidad, de educación, y "de manera escandalosa a los altos cargos", y ahora a los 18.000 trabajadores de la Administración regional.
Por ello, Cayo Lara instó a la Consejería de Trabajo y Empleo a que financie a los ayuntamientos el total de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores beneficiarios de los Planes Integrales de Empleo, y solicitó también el apoyo de las organizaciones sindicales y de la Federación de Municipios a estas medidas.
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN.
De otro lado, la federación de izquierdas elevará otra moción a los ayuntamientos en los que tiene representación que contempla una serie de medidas para hacer frente a la desaceleración que sufre el sector de la construcción, "fruto del fracaso del modelo neoliberal que se ha estado aplicando durante estos años". Aunque IU reconoce que no es una situación alarmante, sostiene que podría desembocar en crisis si no se adaptan las medidas oportunas.
Por ello, propone que los ayuntamientos pidan dinero a la Junta a ocho años sin intereses, al igual que los que se conceden para hacer polígonos industriales, a fin de que los consistorios puedan poner suelo público para promover vivienda pública protegida, en régimen especial, y promover la Vivienda de Protección Oficial en régimen general, pero nunca de precio tasado.
Reclamó Lara también que se potencie la empresa pública como garante de que va a haber suelo, y de que se va a construir vivienda de protección pública; y que se adapte la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanizadora (LOTAU) a la Ley del Suelo, para que el 30 por ciento del suelo tenga que ser usado para vivienda de algún régimen de protección.
Desde la federación de izquierdas se exige también que de la vivienda protegida que se haga, el 50 por ciento se dedique al alquiler, y el resto a venta.
