Debate en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOL2
TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las consecuencias de las heladas y el granizo que afectaron a las explotaciones agrícolas de Casas de Haro (Cuenca) y su comarca durante la pasada primavera han llegado este jueves a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el PP ha reclamado ayudas extraordinarias y el Gobierno regional ha defendido que las pérdidas ya han sido indemnizadas mediante los seguros agrarios.
La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular mediante una proposición no de ley, plantea establecer medidas adicionales para compensar los daños provocados por una fuerte helada registrada el 30 de marzo y una intensa granizada a finales de abril.
La diputada 'popular' Ana Cantarero ha cifrado los daños en 500 hectáreas de almendros y 1.500 de viñedo, con pérdidas estimadas de 1.000 toneladas de almendra y tres millones de kilos de uva, además de otros cultivos.
Por ello, el PP ha reclamado ayudas directas, beneficios fiscales, préstamos sin intereses y mejoras en los seguros agrarios.
Desde Vox, Luis Blázquez ha respaldado estas medidas y ha pedido agilizar las indemnizaciones, reducir la burocracia y reparar las infraestructuras agrarias dañadas.
Mientras, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha asegurado que los daños ya han sido indemnizados a través de Agroseguro, que este año ha abonado 18,1 millones en Cuenca y 101 millones en Castilla-La Mancha.
Además, ha defendido los 12 millones destinados por la Junta a seguros agrarios, una partida que aumentará en 2027.
BRONCA POR LAS DISPUTAS INTERNAS DEL PP DE CUENCA
Por su parte, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha acusado al PP de utilizar los daños agrícolas para intentar apartar a un alcalde de su propio partido enfrentado con la gestora provincial de Cuenca. Según ha asegurado, el propio regidor había solicitado retirar la iniciativa.
Sus palabras han provocado las protestas del diputado José Antonio Martín Buro, presidente de la gestora del PP conquense, a quien la Presidencia de las Cortes ha llamado al orden dos veces y ha advertido con expulsarlo del pleno.
BANDERA DE ESPAÑA EN LA POLICÍA LOCAL
En cuanto al Debate General relativo a la uniformidad de la Policía Local en Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, portavoz del Grupo Vox, proponente del debate, ha defendido que esta petición no es "una ocurrencia" sino "una reivindicación" de los agentes de varios municipios, manifestando que la normativa establece como elementos comunes en el uniforme el escudo del municipio y el número de identificación profesional del agente, "pero no reconoce o no recoge expresamente la bandera de España como un emblema común".
Por su parte, la parlamentaria del PP Itziar Asenjo se ha mostrado de acuerdo con la incorporación de la bandera de España en los uniformes de las policías locales "con rigor jurídico, escuchando a los profesionales" y también respetando la autonomía de los ayuntamientos.
"Defendemos la incorporación de la bandera de España pero defendemos también hacerlo de forma correcta mediante modificación normativa y también teniendo en cuenta la posición que tengan los ayuntamientos y los representantes profesionales y sindicales de la Policía Local", ha expuesto.
Mientras, por la parte del PSOE, la diputada Silvia Fernández ha expresado que por parte de los socialistas "no hay inconveniente" en poner la bandera en los uniformes, pero ha advertido de que debería hacerse a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recordando que la FEMP cuenta con representación en la Comisión de Coordinación de Policías de Castilla-La Mancha, órgano en el que, ha dicho, "se podría poner sobre la mesa" el asunto.
Finalmente, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado también la predisposición del Gobierno regional a llevar a cabo este cambio pero ha apuntado que "no compete a estas Cortes llevarlo a cabo", coincidiendo con Fernández en que debe ser la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha quien aborde el tema, ya que en ella "están representados todos los que tienen que estar representados".
Tras el debate, la mayoría absoluta socialista en la Cámara ha permitido la aprobación de su resolución, mientras que las de Vox y PP han sido rechazadas.
INFRAESTRUCTURAS
También se ha sustanciado en el pleno de este jueves un debate general relativo a la situación de las infraestructuras estratégicas, la vertebración territorial y la competitividad de Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, que se ha saldado con la aprobación de la propuesta del PSOE y el rechazo de las elaboradas por Vox y PP.
El diputado de Vox Luis Blázquez ha reprochado al actual Gobierno socialista que lleve más de 11 años gobernando Castilla-La Mancha y desde hace ocho en España, y la región siga "hablando de montones de infraestructuras, que se hablaba de ellas hace veinte años, hace diez, hace cinco años".
Vox ha exigido "una planificación de verdad, una lista clara de las infraestructuras que están pendientes, un calendario para cada proyecto, una planificación concreta, una financiación concreta", tanto en materia de carreteras como de autovías, líneas férreas, centros de salud o colegios.
Desde la bancada 'popular', Tania Andicoberry ha asegurado que su grupo no se resigna "a tener la región con una carencia de política de infraestructuras tan evidente". "Es una necesidad que Emiliano García-Page en los últimos once años no ha atendido", ha apuntado, considerando que "no podemos llenarlos la boca de hablar de lucha contra la despoblación sin abordar el problema de las comunicaciones de todas y cada una de nuestras provincias"
"Castilla-La Mancha necesita menos anuncios y más obras, menos promesas y más inversión", ha dicho, consciente de que las infraestructuras "necesitan tiempo" pero también de que eso "no le puede servir a su Gobierno de excusa para justificar indefinidamente proyectos que anuncian una y otra vez y que no avanzan", defendiendo una "política de infraestructuras con planificación cierta", "real" y con un presupuesto "cierto".
El diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha abundado en que la región tiene una política de infraestructuras que pretende conectar mejor las ciudades, garantizar la movilidad en los pueblos y crear las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen empleo, y ha señalado que todas las actuaciones que están pendientes en la red estatal y afectan a la región se le reclamarán al Gobierno central como se ha hecho hasta ahora.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido las actuaciones del Ejecutivo y unos resultados que les avalan, y ha criticado que se les pida hacer lo que ya hacen y se les reclame lo que reclaman y han reclamado siempre.
