Foto: NUEVA RUMASA
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil de Ávila ha adjudicado la fábrica y las marcas de Chocolates Elgorriaga, empresa del conglomerado de Nueva Rumasa, a la empresa vasca Urbasa Global Brands por un importe total de 3,2 millones de euros.
En la providencia, la juez da un plazo máximo de tres meses para realizar el pago y formalizar el otorgamiento de la escritura de transmisión, según informó el despacho Dictum Abogados.
La administración concursal, integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, el abogado Miguel Ángel Martín y por José Rafael Sánchez como representante de los acreedores, propuso la venta de la unidad productiva de la empresa para salvaguardar los puestos de trabajo de la fábrica de chocolates.
Tras las negociaciones con distintos inversores interesados en la empresa, la compañía vasca presentó la oferta "más adecuada", al cumplir todos los requisitos legales para su adjudicación y garantizar inversiones que permitan que la fábrica continúe en funcionamiento, "tal y como ha venido haciendo durante los últimos meses", a pesar de estar inmersa en un concurso de acreedores.
Según el despacho de abogados, los administradores concursales han puesto "especial empeño" en mantener la actividad de la planta para que ésta no se devaluara y no se mermaran las posibilidades de venta de la unidad productiva.
Por este motivo, la administración concursal valora como un éxito esta adjudicación de la unidad productiva, que permite mantener los 69 puestos de trabajo de la fábrica.
La providencia señala que, en caso de incumplimiento de los términos de la operación, se producirá automáticamente la resolución de la transmisión, quedando todas las cantidades entregadas en beneficio y a disposición de la concursada.
CONCURSO CULPABLE.
El concurso de acreedores de Chocolates Elgorriaga se encuentra en la fase de liquidación. La administración concursal ha presentado una demanda de calificación del concurso como culpable, en la que solicita un embargo por valor de 64 millones de euros a José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y los dos administradores de la empresa.
En la demanda, los administradores concursales proponen embargar los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos ante una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
Con las medidas solicitadas, los administradores concursales buscarían cubrir el déficit patrimonial de la compañía, cifrado en 64 millones de euros.
