El tribunal había fijado inicialmente la vista a partir del 12 de junio
VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el denominado 'Caso PGOU' sobre alteraciones en la principal herramienta de planificación urbana de Valladolid antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos continúa con sus vicisitudes procesales, la última un cambio de fechas de última hora, con lo que el juicio no empezará el día 12 de junio, en contra de lo inicialmente previsto, sino a partir del día 16 de octubre.
Así se recoge en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en la que la Sección Cuarta de lo Penal, tribunal sentenciador, anuncia a las partes el cambio de fechas, de forma que quedan sin efecto las iniciales, la del 12 de junio y las siguientes durante dos semanas, y quedan, en principio, como definitivas las doce jornadas que se celebrarán entre el 16 de octubre y el día 31 del mismo mes.
Las vicisitudes por las que ha atravesado dicho proceso ya obligaron a suspender el juicio el 19 de septiembre de 2018, al día siguiente de su inicio, con motivo de las cuestiones previas planteadas entonces por los letrados de los catorce acusados, fundamentalmente en materia de prescripción de delitos que llevó al tribunal, el 3 de octubre, a excluir de la causa a diez de ellos y a dejar en el banquillo a otros cuatro, integrantes de la cúpula de Urbanismo.
Así, el banquillo tan sólo lo ocupan ya el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a cuyas defensas se ha dado traslado de la documentación demandada, tras alegar que tan sólo tenían la mitad de la misma.
Además, el tribunal emplazó a las acusaciones pública y popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', a presentar nuevo escrito de acusación, ofrecimiento que tan sólo ha atendido la segunda de ellas, sin modificaciones sustanciales pero ampliando la lista de testigos de 30 a 35, y a posteriori hizo lo propio con las cuatro defensas, dos de las cuales sí han presentado nuevo escrito y otras dos no lo han hecho por entender que ya lo hicieron en su momento.
Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.
A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.
Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.
